La "timba" inflacionaria

Más de una vez la presidenta Cristina Kirchner utilizó el término "timba" al hablar de la especulación en los mercados bursátiles o financieros, internacionales o locales. Pero nunca para referirse a otro fenómeno: con la alta y persistente inflación que niega sistemáticamente en su relato, en la Argentina se diversificó el juego de intentar ganarle -o al menos empatarle- para cubrirse de sus efectos, a costa de innumerables distorsiones en la economía.

En este terreno, el propio gobierno de CFK maneja simultáneamente varias mesas y juega a dos puntas.

Por un lado, modificó el tablero con el inverosímil índice de precios minoristas del Indec, que este año arrojará -por primera vez desde 2005- una suba de dos dígitos, apenas superior a 11%. Simultáneamente, financia gran parte del déficit fiscal con la "maquinita" del Banco Central, emitiendo moneda a un ritmo de casi 40% anual, lo cual equivale a agregar fichas falsificadas y crear más desconfianza. No por casualidad esa avalancha de pesos estimuló este año más los precios que el consumo, pese a la fuerte desaceleración de la economía. A tal punto que el poder adquisitivo real de un billete de $ 100 equivale hoy a $ 35 de fin de 2007, cuando CFK inició su primer mandato.

Por otro, el Gobierno es el principal recaudador del "impuesto inflacionario" que contribuye a alimentar. Cada vez que suben los precios de bienes y servicios, el Tesoro nacional se lleva la mayor tajada a través del IVA e impuestos específicos (combustibles, cigarrillos, retenciones a la exportación, etcétera), lo mismo que cuando congela deliberadamente los pisos de Ganancias o Bienes Personales. Según cálculos del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa), este año lleva recaudados 56.000 millones de pesos por esa presión tributaria invisible.

Pero también decide a dedo quiénes ganan y quiénes pierden a través de medidas intervencionistas. Entre ellas, cuando obliga a los bancos a otorgar a empresas créditos a tres años con tasa subsidiada (de 15% anual frente a una inflación diez puntos más alta), prohíbe exportaciones o importaciones. O bien cuando mantiene tarifas congeladas durante años o aprecia el tipo de cambio real, sin evitar otras presiones sobre los costos. A esto se agregan los controles de precios sui géneris del polémico Guillermo Moreno, que incluyen a un conjunto de empresas líderes y excluyen al resto, pero resultan cada vez menos eficaces. Una prueba es que la inflación paralela y más realista (calculada por gobiernos provinciales y consultoras privadas) se ubicará en un rango de 25/26% anual en 2012.

Este resultado tiene poco de progresismo: con una inflación de esta magnitud, ya se sabe que los perdedores son los sectores de menores ingresos, especialmente si trabajan en negro (35% de la fuerza laboral), lo hacen ocasionalmente (changas) o son desocupados. También los jubilados que dependen del haber mínimo pese a la movilidad previsional. Y no pocas producciones regionales. Entre los que apuestan a ganar se encolumnan quienes pueden acumular stocks (si tienen resto financiero), aumentar márgenes o fijar precios (si tienen poca competencia o la demanda los convalida), a costa de quienes tratan de defenderse para no perder (los asalariados formales en paritarias, si no cae el empleo). Claro que si se fraccionan los ajustes de sueldos se deteriora su poder adquisitivo, como lo demuestra este año el espasmódico comportamiento del consumo.

Distorsiones al por mayor

Sin embargo, toda esta situación, que muchos economistas definen como puja por la distribución del ingreso, se exacerba con la multitud de distorsiones y anormalidades que ha venido acumulando la economía kirchnerista.

Por lo pronto, una inflación de dos dígitos anuales aumenta el "premio" por operar ilegalmente en negro y evadir tanto el 21% de IVA como el impuesto al cheque (cuya recaudación subió 22,5% -menos que la inflación real- en lo que va de 2012) y aportes patronales. Paradójicamente, el propio Gobierno suele hacer la vista gorda con la venta ilegal o la falsificación de marcas, que muchos consumidores aceptan con tal de pagar menos. Y hasta promociona los precios del Mercado Central como dudosa referencia de una comercialización sin intermediarios, pero también sin factura.

Por otro lado, es cada vez más difícil determinar cuál es el verdadero valor de venta de muchos productos. Con el correr de estos años, las promociones y descuentos con tarjeta (que nacieron para atraer clientes en épocas de caída de ventas) modificaron los hábitos de consumo: pocos aceptan pagar $ 100 si al día siguiente pueden pagar $ 85 o menos. Pero en definitiva el precio promedio no es ni uno ni otro. De ahí que grandes cadenas de supermercados estén reemplazando esta modalidad por reintegros, descuentos por cantidad o tarjetas propias de crédito. En cambio, en locales de ropa, los compradores suelen probarse las prendas, reservarlas y pasarlas a retirar el día en que pueden pagar con descuento.

Otro caso llamativo se da en grandes cadenas de electrodomésticos. Por lo general, suelen promocionar el monto de las cuotas sin interés, más que los precios finales con aumentos incorporados de antemano (ya que el freno de importaciones eleva el techo de precios). Por eso, salvo raras excepciones, no hay descuentos por pago al contado. Pero en cambio hay más competencia de ofertas con rebajas por pago en cuotas, no generalizadas sino exclusivas en cada caso con tarjetas de crédito emitidas por un determinado banco, con el que comparten clientes y costos.

Más desconcertante es el panorama de precios en productos de consumo masivo (alimentos, bebidas y productos de limpieza). No sólo porque el costo de la canasta fija de 30 productos, que sigue periódicamente esta columna en una cadena líder de supermercados, tuvo un alza de 32,6% al pasar de $ 610,15 en diciembre de 2011 a $ 800,93 en diciembre de 2012. O porque hubo aumentos muy superiores en rubros como yerba mate (84%); agua mineral (54%); papel higiénico (50,5%); servilletas de papel (43,5%); café (44,7%) o pan francés (37%). También porque los peculiares aumentos diferenciados que aplica Moreno por categorías de productos (masivos, intermedios y premium) generan más distorsiones. Por caso, la botella de litro y medio de una gaseosa de primera marca que cuesta $ 12,09 en su variedad light aumentó más del doble (26%) que la regular (12%, y se vende a $ 8,18), con lo cual la diferencia es de casi 48% entre ambas. Y la suba de la yerba mate sería aun superior (120%) si el consumidor se lleva un envase con interior metalizado, muy similar en su aspecto exterior y cuesta 21% más. En lácteos, a su vez, el aumento de 3% en la leche en sachets se contrarresta por subas de 15% a 41% en quesos, postres dietéticos o leche para bebes.

Con todas estas distorsiones, la próxima apuesta oficial a un Pacto Social para ajustar salarios y el MNI de Ganancias por debajo de la tasa de inflación real se perfila con pocas chances de éxito. Sobre todo, cuando el Gobierno busca que la inflación no se acelere, pero tampoco baje demasiado para captar mayores ingresos impositivos, vitales para el próximo año electoral.


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