Sindicatos bolivianos en guerra contra un proyecto anticontrabando

Los poderosos sindicatos del transporte público y del comercio realizaban una huelga este martes en Santa Cruz, pulmón económico de Bolivia, en rechazo a un proyecto de ley del gobierno contra el contrabando y el lavado de dinero, que propone la incautación de bienes considerados ilícitos.

El sindicato de transporte, que agrupa a propietarios y a chóferes asalariados, paralizó este martes el servicio de autobuses y taxis, además de los viajes interprovinciales, mientras los comerciantes de mercados efectuaron cortes en varias carreteras, y fueron desalojados con gases lacrimógenos por la Policía.

La protesta se efectúa a pesar de que el presidente Evo Morales pidió detener la aprobación en el Congreso y remitió a consulta del Tribunal Constitucional el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado, que permitirá incautar bienes vinculados, por ejemplo, con el narcotráfico o el contrabando.

Sin embargo, los sectores disconformes exigen que la propuesta sea archivada definitivamente. "Mientras el gobierno no retire este proyecto que viene a quitar herramientas de trabajo ya sea un auto, ya sea un micro(bus), vamos a seguir en las calles", amenazó Mario Guerrero, máximo dirigente de los transportistas de Santa Cruz, a 900 kilómetros de La Paz, en unas declaraciones a los periodistas.

A raíz del conflicto, el ministro del Interior, Carlos Romero, afirmó que "nuestra iniciativa contra contrabandistas y narcotraficantes se va a imponer en última instancia, porque nosotros tenemos un país honesto y trabajador que no necesita adoptar medidas de encubrimiento a estas organizaciones criminales".

Los transportistas y chóferes temen que sus propiedades se vean afectadas por esta ley. "¿Qué pasa si algún narcotraficante se sube al bus con droga?. Porque nosotros no podemos revisar lo que se transporta", se preguntó hace poco el principal dirigente de los transportistas de Bolivia, Franklin Durán.

La polémica medida provocó también desacuerdos dentro del gobierno de Morales, que decidió remitir el proyecto de ley a consulta del Tribunal Constitucional, mientras pidió que se detenga la discusión en el Congreso.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, explicó que los ajustes sugeridos por los congresistas permiten "determinar los temas que se tienen que ajustar, para que el Gobierno no se equivoque".

El ministro Romero, que apuntala la norma, dijo en una rueda de prensa que la ley "se va a consolidar más temprano que tarde, porque se enmarca en dos convenciones de Naciones Unidas que configuran el marco jurídico internacional que respalda esa iniciativa".

A contramano de esa afirmación, transportistas y gremiales anunciaron que realizarán nuevas protestas en Cochabamba (centro del país).

Además, el líder del transporte, Franklin Durán, anunció presiones al Tribunal Constitucional (TC) para que desestime la norma. "Vamos a trasladarnos alrededor de 3.000 personas a Sucre (sudeste), para instalar una vigilia en inmediaciones del Tribunal Constitucional, hasta conocer la recomendación de la norma, conforme a lo que establece la Constitución Política del Estado", amenazó.


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