En silencio, el Gobierno analiza un plan integral contra la inflación

Es algo que sólo confía a sus íntimos. Pero la presidenta Cristina Kirchner no oculta a su pequeño equipo de asesores económicos su preocupación por la inflación. Además de la orden de mantener las paritarias por debajo del 20% anual, en los últimos días, según confió a LA NACION un miembro del equipo económico, la Presidenta instó a sus colaboradores de confianza a reunirse con economistas que no participan del Gobierno, pero que tienen un pensamiento "afín al modelo" para buscar soluciones alternativas al problema.

Los acuerdos de precios que impuso a los supermercados y comercios el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, no son por sí solos la clave para frenar la escalada inflacionaria. La Presidenta lo sabe. Sin ir más lejos, el 25 de enero, dos semanas antes de que Moreno pusiera en marcha su plan, Cristina Kirchner aseguró públicamente que los acuerdos "no sirven". Sin embargo, también valora la presencia de Moreno en el gabinete. "Acá, unos tenemos perfil más bajo y otros más alto, son estilos diferentes", explicó la fuente a este diario. "Pero la Presidenta sabe que hay que hacer algo para contener la inflación."

Entre los economistas que Cristina Kirchner consideró que debían ser contactados por sus colaboradores -y así no exponer la figura presidencial- está Eduardo Curia. Consultado al respecto por LA NACION, no obstante, el economista dijo que ignoraba que la Presidenta hubiera dado tal orden. "Llamados no hubo. Sí tengo relaciones con gente del Gobierno que son de frecuencia natural", afirmó.

Para el Gobierno, hay tres problemas en este momento, que deben atacarse todos al mismo tiempo para tener resultados: el mercado cambiario, la inflación y el aumento del gasto (en particular, los subsidios).

El dólar oficial ha perdido competitividad frente al aumento de precios de los últimos tres años. Y la decisión sería comenzar a acelerar la devaluación, algo que ya empezó a percibirse en el mercado cambiario, donde la divisa para el turismo cerró por primera vez a comienzos de este mes por encima de los 5 pesos.

"Acá primero hay que devolverle la competitividad a la industria, y no hace falta para eso un dólar a 8 pesos", dijo la fuente. "Con un tipo de cambio de 6,5 a fin de año está bien", confió. Moreno confesó en enero en una entrevista con el diario Página12 que "no es descabellado pensar que el dólar pueda cerrar 2013 cerca de los seis pesos". El secretario, sin embargo, recibió un reto por revelar lo que en privado ya había sido acordado. "Son cosas que se hacen, pero no se anuncian", explicaron.

La implementación de tipos de cambio diferenciados, algo de lo que se viene especulando en la City porteña, no contaría por ahora con el consenso de la Presidenta.

El Gobierno, en cambio, habría instruido al Banco Central (BCRA) morigerar la inyección de pesos en el mercado. En diciembre, la presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, volcó al circuito $ 38.692 millones, en gran parte, para financiar al sector público. Así, el ritmo de emisión monetaria llegó al 40% anual, una cifra que, según los economistas privados, indefectiblemente tiene correlación con la aceleración más reciente de la inflación.

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Pero en las últimas semanas, el Central pareciera haber adoptado ya una actitud más contractiva, buscando absorber parte del excedente de pesos del mercado. Según los datos del BCRA, en enero se absorbieron $ 19.800 millones, y la autoridad monetaria se está mostrando más agresiva en sus licitaciones de Lebac y Nobac, los títulos que emite para aspirar pesos del circuito.

Para Curia, "por más que haya estacionalidades con la política monetaria, uno debería hacerlo más promediado. Y aclarar en materia fiscal cuáles serían las exigencias y tener un horizonte más extendido".

Vuelve la sintonía fina

El frente fiscal, o más bien los subsidios, sería el tercer foco de atención del Gobierno. Sólo en 2012 le insumieron al Gobierno $ 85.000 millones (o 3,7% del PBI), según estimaciones de la consultora ACM.

Originalmente, apenas asumió su segundo mandato, en diciembre de 2011, la Presidenta tenía previsto desandar la maraña de subvenciones en el transcurso del año pasado, pero luego imprevistos como la tragedia de Once la obligaron a suspender la impopular medida.

En 2013, aun siendo un año electoral, la idea del Gobierno sería volver con el plan, pero de forma selectiva para no afectar a las clases más bajas, que hacen al núcleo duro de su base electoral. Así, se avanzaría paulatinamente con la tarifa diferenciada para el transporte, gracias a la información recabada a través de la tarjeta SUBE, y se completarían los incrementos en las tarifas de servicios públicos, como la electricidad.

"Subir tarifas no es popular, pero la gente espera medidas económicas, y hacer algo respecto de la economía va a sumar más que restar", dijo la fuente. Con menos subsidios y una moderación del gasto, el Gobierno aspira a cerrar el circuito para reducir la inflación, ya que números más ordenados le permitirían prescindir del fuerte financiamiento del BCRA. Aunque las subas probablemente recién se apliquen una vez cerradas las paritarias.

Curia confió a LA NACION que en 2011, apenas comenzó su mandato Cristina, le acercó al Gobierno un plan integral que precisamente contemplaba una devaluación, un plan fiscal con levantamiento de subsidios, un acuerdo social y un programa antiinflacionario explícito, algo similar a lo que volvería a plantearse, aunque con matices.

"El equipo económico tiene algunos márgenes de maniobra y podría aprovecharlos, pero requeriría coordinar políticas de ingresos, monetarias y fiscales, y complementarlas con lo cambiario. Y el esquema hay que decírselo a la gente; de lo que se trata es de tonificar expectativas", asevera Curia, que, sin embargo, reconoce que las elecciones plantean una gran incógnita: "Lo que puede ser una solución económica políticamente se hace inviable".


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