Siguen las dudas de fondo

Con los anuncios de ayer de la Cámara de Apelaciones de Nueva York quedaría desactivada la obligación de la Argentina de constituir el 15 de diciembre un depósito de garantía de US$ 1330 millones como condición para poder pagarles a los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera.

El tic tac del reloj que corría imparable hasta esa fecha, en la que el país debía cumplir el fallo o iniciar el camino que lo llevaría a un nuevo default, va más despacio. Ahora las autoridades tienen tiempo para repensar la estrategia judicial y, sobre todo, para reflexionar acerca de su actitud respecto del cumplimiento de los compromisos asumidos, de los efectos de un eventual default sobre la economía y de cómo piensan encontrar una solución de fondo a la cuestión de los bonistas que no aceptaron los canjes.

Como en la mayoría de las cuestiones de Estado, en este caso también el Gobierno ha adoptado una postura infantil. La Argentina aceptó allanarse a la jurisdicción legal de Nueva York no sólo cuando emitió sus bonos en los "malditos" años 90, sino también al entregar los títulos resultantes de los canjes de 2005 y 2010. Gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. Y vio con agrado durante muchos años la actuación del juez Griesa mientras éste rechazaba numerosos pedidos de embargo contra la Argentina. Finalmente, la causa de NML avanzó hasta un punto en el que Griesa y la Cámara se pronunciaron de manera contraria a la voluntad del Gobierno. Sólo allí descubrieron que el juez pertenecía a la especie aviar de los buitres y que aún reinaba en el mundo el "colonialismo judicial". Luego de esta actitud, comparable a la de los niños que dejan de jugar cuando el resultado les resulta adverso, será vital que antes del 27 de febrero la Argentina se expida acerca de si acatará o no los futuros fallos antes de que éstos se produzcan.

La confusión en la que parece sumergido el oficialismo puede detectarse en el pedido de Boudou a la Corte para que emita una declaración de certeza acerca de la imposibilidad legal de otorgar a los holdouts términos mejores que los que obtuvieron quienes aceptaron las reestructuraciones. Esta gaffe sería comprensible si proviniera de un ciudadano común. Pero lo que se discute aquí es un fallo de la justicia norteamericana, que fue la que él eligió como fuero cuando, como ministro de Economía, llevó a cabo el canje de 2010. Para evadir un fallo de ese fuero no hace falta ampararse en el tribunal supremo de la Argentina. El Poder Ejecutivo podría decidir por su cuenta el repudio de la deuda si así lo deseara.

La extensión de los plazos evitará en el corto plazo el riesgo de un default. Pero al dilatar el suspenso sin que haya quedado claro cuál hubiera sido la decisión de la Argentina si se llegaba al 15 de diciembre sin una solución deja demasiados interrogantes.

Si bien el Gobierno no parece comprender los alcances que tendría un nuevo default para el crecimiento y el empleo en 2013, el sector privado sospecha que esos efectos no serían despreciables. Mientras esa incertidumbre persista y no se alcance una solución judicial o extrajudicial a la cuestión de la deuda, un puñal seguirá clavado sobre las posibilidades de retomar una senda de recuperación sostenida. Hemos visto un nuevo default desde demasiado cerca.


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