La patronal hipotecaria advierte de que dejar de cobrar las hipotecas a desahuciados encarecería el crédito

Dice que la dación en pago sería "absolutamente perjudicial" para el 97% de los clientes bancarios MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, opina que atender a los afectados por los desahucios no puede significar dejar de cobrar las hipotecas, porque eso conduciría a un encarecimiento del crédito, y pronostica que en el futuro, para poder comprar una vivienda, habrá que tener ahorros previos.

Así lo explicó en su comparecencia ante la subcomisión de Transparencia de Productos Financieros, a cuyas actas ha tenido acceso Europa Press, donde criticó que se dé la sensación de que "la situación de desamparo económico a la que la crisis económica ha llevado a muchos ciudadanos se ha producido por desamparo legal". "Nada más incierto y lejos de la realidad", asegura.

"Me parece que es peligrosa la relación biunívoca que se hace de crisis y desamparo social con hipoteca, como si el origen de todos los males estuviera en la hipoteca. Que llegáramos al convencimiento de que, siendo la crisis muy dura, lo que tenemos que hacer es una transformación fundamental del mercado hipotecario porque no ha estado a la altura de las circunstancias. Hay un problema social y hay (que adoptar) medidas desde el plano social", ha insistido.

Porque, a su juicio, el mercado hipotecario español es "sin ninguna duda, de los más transparentes de Europa", tal y como a su juicio demuestra el amplio respaldo de los inversores internacionales a las cédulas hipotecarias y el hecho de que el 97% de los titulares de hipotecas sigan pagando sus plazos.

NO SE PUEDE LEGISLAR PARA UN 3% Así, González insiste en que "si la gente se queda sin empleo y no puede pagar los créditos las hipotecas se tienen que ejecutar, no hay más remedio," y si eso genera problemas sociales existe la "obligación, por solidaridad, de atender" a estas personas. "Nadie ha dicho que no se les atienda y que no se tomen medidas de orden social, pero lo que no podemos es dejar de cobrar las hipotecas", insiste.

Por eso, considera que la dación en pago generalizada sería "absolutamente perjudicial" y, aunque sería "buena" para los afectados por insolvencia sobrevenida, perjudicaría al resto de clientes bancarios. "No es gratis. (Para aplicar la dación en pago) no hace falta cambiar la legislación, pero no vayamos pensando que nos van a financiar el 80% (del crédito). Por tanto, volvemos a lo mismo. ¿Quién se beneficia con esto? Se beneficia, sin ninguna duda, una parte de la población que hoy lo está pasando mal, pero se perjudica al 97% restante, porque los créditos serán menores y más caros. No se puede legislar para uno, ni para el 3%", ha reclamado el presidente de la AHE.

Así, pronostica que "para ser propietario de una vivienda (en el futuro) será necesario tener un proceso de ahorro previo" porque "si la financiación de la vivienda se tiene que reducir hasta donde se diga, las cosas tienen que ser extraordinariamente prudenciales, porque es posible que haya una parte muy importante de la población que no tendrá nunca capacidad de acceder al mercado hipotecario".

DECRETO ANTIDESAHUCIOS Con respecto al Decreto Antidesahucios del Gobierno, que establece una moratoria de dos años en las ejecuciones hipotecarias si se cumplen ciertos requisitos económicos y sociales, González cree que incluye medidas "bien apuntadas" aunque "habrá que ver cómo funciona".

No obstante, subraya que "las medidas tienen que estar contingentadas y no pueden llegar a todo el mundo ni por todo el tiempo" por lo que lo más prudente sería dejar que "las cosas transcurran y hacer prueba y arroz".

Así, ha diferenciado el ámbito de las hipotecas del de otros productos financieros, donde se han producido fraudes. "Abusos en término de mercados no hay, lo que no quiere decir que en más de ocho millones de actuaciones en los últimos diez años haya podido haber algunos comportamientos que se merezcan el tratamiento jurídico que corresponda", dijo.

A renglón seguido, ironizó con que en el ámbito hipotecario "no hay letras pequeñas porque los notarios ya hacen las letras grandes porque cobran por folios", e insistió en que los notarios tienen la obligación de asegurarse de que los suscriptores de créditos entienden todas las condiciones de lo que están firmando. No obstante, sí reconoció que entre la población hay "una falta de formación importante" en materia financiera que habría que subsanar.

PROBLEMAS CONCRETOS DEL SECTOR Por último, González hizo referencia a diferentes aspectos concretos que generan polémica en relación con las hipotecas. Así, a su juicio los intereses de demora no son el verdadero problema del mercado, porque se pueden "pactar, corregir", y las cláusulas suelo y techo "en ningún caso se han declarado ilegales" sino que deben "contratarse adecuadamente".

Así, defiende este tipo de cláusulas, que protegen a la entidad bancaria ante posibles caídas de los tipos, que les dejarían sin "capacidad ni solvencia suficiente" para poder financiarse --en el caso de las suelo--; y también les protegen contra "estructuras de cuotas y gastos mensuales que pudieran hacer absolutamente inadmisibles e intolerables los riesgos". "Dónde pongamos el nivel, pues habría que verlo", concede.

"Pero lo que nos tiene que preocupar es que lo que contratemos sea legal, que los ciudadanos tengan la suficiente información para tomar decisiones adecuadas. Y luego, el mercado es el mercado y las viviendas valdrán lo que valgan, y los tipos se pondrán donde se tengan que poner. Y, chico, si has contratado un tipo variable, pues ahora te estás favoreciendo muchísimo. En otro momento pagarás un 15%, pues qué le vamos a hacer. Contrata un tipo fijo, que es un poquito más caro pero te tapa los riesgos", reflexionó.

En lo que sí admitió que son necesarios cambios es en materia de sobreendeudamiento ciudadano, del Estado y de las empresas, "el gran caballo de batalla" para el sector y sobre lo que está regulando la Comisión Europea. A este respecto, González ve necesaria una Ley de Segunda Oportunidad, como la que existe en otros países, si bien emplaza a todos a entender que esa normativa "no es que cuando uno deja de pagar una hipoteca simplemente la deja, deja el piso y a partir de ahí le dan otra hipoteca. No, no. Se tira unos años en un registro señalado porque es una persona que ha incumplido un contrato", explica.


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