Un pase de facturas

Más allá de lo sorpresivo, ante la apelación que presentará el Gobierno en una instancia que tenderá a definirse a cara o ceca. Hace mucho que la Casa Rosada había borrado literalmente de sus cuentas la deuda con los "fondos buitre", cuyo negocio consiste en comprar "bonos basura" a precios de liquidación y litigar judicialmente para cobrar con enormes ganancias.

Un problema es que los bonos en pleito fueron emitidos bajo legislación neoyorquina; de ahí que no quedaran alcanzados por leyes argentinas como el "cerrojo" de 2010, impulsado por el entonces ministro Boudou. Esta cuestión jurisdiccional aconsejaba no dejar flancos abiertos a cualquier impericia que diera lugar a embargos, como el que retiene a la Fragata Libertad en Ghana (uno de los pocos países no signatarios del Tratado Marítimo Internacional).

Esa escala nunca debería haber sido incluida en su itinerario.

Otro problema, mucho más reciente, es que el gobierno de Cristina Kirchner quedó prematuramente prisionero de su discurso ante la opinión pública interna. No hace falta demasiada audacia para desacreditar el accionar especulativo de los fondos buitre, que es una de sus razones de ser junto con el lobby político-judicial. Pero una cosa es vapulearlos ante las cámaras de TV reclamando su teórica erradicación de la comunidad financiera internacional y otra carecer de una estrategia efectiva para neutralizarlos en la práctica; ya sea en el plano jurídico o mediante complejas ingenierías financieras.

Según se sabe, en épocas del tándem Roberto Lavagna-Guillermo Nielsen se había comenzado a diseñar un plan para que la justicia neoyorquina incluyera sus reclamos en la categoría de acciones de clase para evitar una proliferación de juicios contra la Argentina. También se preveía un rescate anticipado de los cupones PBI para alivianar la carga financiera de los servicios de quienes ingresaron en el canje. No obstante, esas iniciativas quedaron posteriormente en la nada.

Si el Gobierno confió en la buena suerte o en que el tiempo iba a resolver el problema, se equivocó. Tarde o temprano, la situación podía desembocar en un callejón sin salida. Esto es lo que ocurre ahora: el durísimo fallo de Griesa coloca a la Argentina ante el peor de los escenarios posibles, con el riesgo de un default técnico no deseado, pero tampoco sencillo de evitar. A menos que la Cámara de Apelaciones de Nueva York acepte la posición argentina e invalide la sentencia del veterano magistrado. Es como si se tratara de una apuesta a todo o nada; que, si no llegara a prosperar, podría abrir la puerta a otros reclamos similares de pago de quienes no ingresaron en el canje.

Aquí tampoco ayudan las últimas contradicciones del Gobierno, más allá de haberse dedicado a privilegiar el discurso sobre la soberanía en un territorio jurídico ajeno. Tanto la Presidenta como el ministro Lorenzino habían afirmado públicamente que no les pagarían a los fondos buitre. Pero pocos días después enviaban a un director nacional del Ministerio de Economía a Nueva York, a pedido del propio juez, para dejar sentado por escrito que la Argentina acataría su sentencia. En aquel momento se especulaba con que el fallo apuntaba a encorsetar a los holdouts dentro de la quita del canje aceptado por el 93% de los acreedores, lo cual podía haber sido considerado un avance. El fallo salió exactamente al revés.

Con el agravante de que si la Argentina gira el 15 de diciembre los dólares para pagarles sólo a los acreedores "reestructurados" y no cumpliera con el depósito en garantía a favor de los fondos buitre (1333 millones de dólares en capital más intereses), el banco agente (BoNY) debería abstenerse de distribuirlos y colocaría al país en el default técnico que venían temiendo los mercados en las últimas semanas y que ayer precipitó otro derrumbe de los títulos argentinos pese al feriado estadounidense. Según el juez, aquel monto debería depositarse independientemente del criterio que adopte el tribunal de segunda instancia, a menos que antes acepte la apelación anunciada ayer por Lorenzino y revoque la sentencia sobre la forma de pago que semanas atrás le había encargado al propio magistrado.

A partir del lunes, las próximas dos semanas serán cruciales en el plano judicial y la posición de los camaristas aún es una incógnita. En el fallo de Griesa se deja ver una enorme desconfianza y fastidio hacia el gobierno argentino, a tal punto que propone no darle tiempo para que invente algún atajo jurídico. Quizás esta prevención surja de que hace varios años, por error de cálculo o negligencia, la Casa Rosada se desentendió totalmente de la deuda en default. Actuó "a la argentina", en forma más voluntarista que profesional. Incluso en épocas no tan lejanas, cuando sobraban dólares y acumulaba reservas.

Tampoco avanzó en la negociación para salir del default con el Club de París, con lo cual cerró la puerta a un eventual apoyo de los países desarrollados. No es una buena estrategia para un país que hace casi 11 años sorprendía al mundo, no tanto por declarar el default de una deuda impagable sino porque su dirigencia política lo festejaba con aplausos y papelitos en el Congreso.


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