El IC-A apuesta por sancionar a los directivos de entidades financieras que sean rescatadas siendo insolventes

Abogan por abrir el Consejo a personas ajenas al sector financiero y limitar la duración de los cargos a cuatro años MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A) apuesta por sancionar "a los administradores y altos directivos de entidades financieras" que, estando en situación de insolvencia patrimonial culpable o dolosa, sean rescatadas o reciban ayuda financiera con cargo a fondos públicos.

Según explica en un comunicado, el IC-A opta por aplicar en estos casos las sanciones y medidas legales "de todo tipo" que impone la Ley a los Administradores de Empresas que incurran en concurso de acreedores declarado culpable o doloso.

Tras finalizar el plazo de alegaciones a la nueva Ley de cajas de ahorros y al proyecto de Real Decreto por el que se modifican los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno en las entidades de crédito, el Instituto pide que el consejo de las entidades se abra a personas que no solo procedan del sector financiero.

A su juicio, es "bueno" que el sector financiero se abra al punto de vista de consejeros procedentes del sector industrial o comercial, entre otros, "los cuales pueden aportar el punto de vista, siempre valioso, de los usuarios de servicios financieros". Por este motivo, entiende que debería incluirse en el decreto la posibilidad de que los potenciales candidatos al Consejo sean profesionales con experiencia en las áreas de banca y servicios financieros o en industrias y servicios de similar complejidad y sofisticación.

Además, aboga por incluir la opción de que los miembros del consejo de administración, directores generales o asimilados y otros empleados que asuman funciones de control interno u ocupen puestos claves participen en un programa de inducción completo a la entidad. "Este programa será de intensidad especial para aquellos profesionales que no provengan del sector", señala.

El IC-A ha hecho estos comentarios con el objetivo de contribuir a mejorar el gobierno corporativo de estas entidades, "máxime teniendo en cuenta el alto coste económico que está teniendo para la sociedad española el mal gobierno de gran parte de las cajas de ahorros y bancos relacionados". ACORTAR LOS MANDATOS Otra de las recomendaciones que hace IC-A es que los mandatos de todos los consejeros tengan una duración máxima de 3/4 años, en lugar de los seis existentes, pudiendo ser reelegidos, así como que el Consejo de administración asuma como funciones primordiales e indelegables liderar la caja al máximo nivel, aprobar la estrategia, responder a los grupos de interés, supervisar el equipo de gestión/directivo, supervisar al primer ejecutivo, y realizar una evaluación periódica del Consejo.

Finalmente, opinan que es necesario crear la figura del consejero principal en el caso de que el presidente del Consejo de administración sea también presidente ejecutivo. Las funciones que debería desarrollar este cargo pasarían por coordinar reuniones con los consejeros no ejecutivos sin la presencia del presidente y de los consejeros ejecutivos de existir estos, hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros no ejecutivos/externos e incorporar nuevos puntos al orden del día y poder solicitar la convocatoria del Consejo.

A ello se uniría el estar informado de las opiniones y preocupaciones de los stakeholders principales, coordinar el plan de sucesión y evaluación del presidente y presidir el Consejo en caso de ausencia del presidente.


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