El Gobierno estudia opciones para aumentar el precio del gas que se produce en el país

Con la convicción de que las importaciones de combustibles son el talón de Aquiles de las cuentas públicas, el Gobierno abrió una línea de trabajo para analizar alternativas que le permitan aumentar los precios del gas que reciben las productoras del recurso y, de esa manera, estimular un incremento en la oferta local, que fue en caída durante el kirchnerismo.

La voluntad política para llevar a cabo un movimiento de ese tipo fue confirmada a LA NACION tanto en despachos públicos como en privados.

La semana pasada hubo en la Casa Rosada una pequeña cumbre entre la presidenta Cristina Kirchner; el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el presidente de YPF, Miguel Galuccio, para trabajar en esa línea. El ingeniero no sólo fue en su carácter de técnico, sino como parte interesada. La empresa que representa tiene un 23% de la oferta local y sufre en carne propia el retraso en los precios. Necesita un incremento para dotar de recursos a la compañía y solventar una parte de los US$ 37.200 millones que tiene previsto invertir en los próximos cinco años.

El miércoles, Juan Garoby, director de Recursos No Convencionales de la petrolera y hombre cercano a Galuccio, difundió el mensaje entre un grupo de empresarios petroleros. "Hay conversaciones en distintos niveles para lograr otras condiciones [de precios del gas]", explicó, durante un almuerzo en el Hotel Panamericano, donde se desarrolló un seminario denominado "La Recuperación del Autoabastecimiento Energético". Irónicamente, el encuentro terminó antes de tiempo por el apagón de luz que colapsó ese día a la ciudad.

Las alternativas se barajan en la Comisión de Planificación y Coordinación del Plan de Inversiones Hidrocarburíferas, que conduce Kicillof e integran el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el de Energía, Daniel Cameron. El principal objetivo es reducir la salida de dólares para pagar importaciones. Por esa puerta se irán este año U$S 12.000 millones, de acuerdo con estimaciones privadas.

Hasta ahora no hay un acuerdo. Según las líneas de trabajo que están en pie, las alternativas contemplan elevar por encima de los 3 dólares el millón de BTU el precio de la producción actual de gas, y llevar hasta un piso de US$ 6 los valores de la futura oferta proveniente de recursos no convencionales, como los que están en la muy publicitada formación Vaca Muerta, en el subsuelo neuquino. De esa manera, aumentaría el precio promedio que reciben las empresas, que deberían comprometer mayores inversiones para acceder a esos valores.

Ambas cifras se ubican en un estudiado equilibrio. Están por encima, por ejemplo, de los US$ 2,5 que recibe en promedio un productor de la Cuenca Neuquina, pero, a la vez, por debajo de los US$ 10,75 que desembolsa el país para importar gas de Bolivia en este trimestre.

Además de YPF, las principales productoras del hidrocarburo son Total, Pan American Energy y Petrobras. Ejecutivos de esas empresas se reunieron con Kicillof el último viernes de octubre y les envió un mensaje claro: la prioridad en materia energética es equilibrar las cuentas públicas mediante mayor producción de gas.

Quién paga la cuenta

Lo que más le cuesta definir al viceministro es quién se hará cargo del incremento en la factura, algo que siempre resultó complejo para los funcionarios kirchneristas.

Una de las alternativas es segmentar la demanda y cargar con los mayores costos a sectores beneficiados con los bajos precios en los últimos años, como la industria. Tampoco se descartan ajustes para los segmentos de mayor consumo, que en el Gobierno relacionan con la clase media esquiva al kirchnerismo.

Otra alternativa en análisis es instrumentar los mejores ingresos para las petroleras a través de pagos de Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico que se encarga de comprar el gas que consumen las centrales térmicas.

Moreno había acercado una idea propia a la mesa de discusión: crear una herramienta que permita trasladar hacia la producción de gas parte de la renta del petróleo, el producto más redituable, que hoy está por encima de la demanda local. Esa alternativa perdió terreno en los últimos 10 días.

El equipo de Kicillof pensó también en concederles más precio a las petroleras, pero endosarles la cuenta de importación con el objetivo de estimular su producción en el país. Las empresas se mostraron en contra de un plan de ese estilo.

El economista dio una muestra de sus intenciones en agosto: decidió un ajuste del 300% en el precio del gas mayorista que se destina a las estaciones de GNC, la primera decisión de la comisión. "El aumento reportará a las empresas una rentabilidad de $ 900 millones, y a las provincias, $ 119 millones", justificó la Presidenta cuando anunció la decisión. También remarcó que esos fondos debían destinarse a aumentar la producción local.

Pese al incremento, Kicillof ordenó a las bocas de expendio no trasladar las subas hasta que la comisión se expidiera. Los estacioneros, por supuesto, no le hicieron caso y anticiparon los ajustes.

Las discusiones por los precios seguirán esta semana. En la agenda del viceministro está marcada una cita que promete ser productiva: se reunirá con Oscar Vicente, un petrolero con 45 años de experiencia en el mercado que preside la Cámara de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (CEPH) y suele comunicar sin matices la voz de las empresas.

Repsol tiene un 11% de YPF

Repsol ejecutó un 5,38% de acciones de YPF que el grupo Petersen (propiedad de la familia Eskenazi) había puesto en garantía por un préstamo que le concedió la petrolera española. De esa manera, la firma ibérica, que sufrió la expropiación de un 51% de sus acciones en YPF en abril, suma más de un 11% en la petrolera local. La ejecución de las acciones por parte Repsol ocurre debido a la falta de pago de un crédito de 1500 millones de euros que le había otorgado al grupo Petersen para comprar un 25% de YPF.

La compañía española, que fue duramente criticada por el Gobierno luego de la toma de control de YPF, se convirtió así en uno de los principales socios del Estado en la empresa y recibirá parte de los dividendos que distribuirá la petrolera argentina.


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