Ganancias: una firma no pudo demostrar la existencia de dos proveedores y la Corte le ordenó que pague más

A la hora de calcular cuánto se debe abonar por el Impuesto a las Ganancias, no sólo es importante determinar con exactitud cuáles son los ingresos producidos durante el período, sino que también es vital fijar los gastos que se realizaron.

Esto es así, debido a que las erogaciones que se realizan año a año achican la base imponible del gravamen aunque, claro está, no todos pueden restarse. Esto es así ya que la ley permite solo la deducción de aquellos que tengan relación directa con la generación de rentas.Así, un gasto propio de un profesional (como ser el generado en unas vacaciones familiares), no podrá ser descontado en su declaración jurada de Ganancias, debido a que el mismo no tiene vinculación con su actividad.Asimismo, es importante obtener los comprobantes de cada una de las salidas de dinero que realicen, ya que sólo serán computables aquellas que tengan su correspondiente factura o documento equivalente.Incluso, la misma Ley de Ganancias fija una penalidad expresa para las salidas no documentadas en su artículo 37, que establece:



Es decir, que no sólo no podrá restarse dicho gasto, sino que además deberá pagarse por el mismo el gravamen a la máxima tasa.Esto fue lo que sucedió en una reciente causa donde la Corte Suprema de Justicia (CSJN) avaló la postura de la AFIP y obligó a una empresa a pagar más Impuesto a las Ganancias.En la sentencia, el máximo tribunal dejó en claro que la compañía no pudo demostrar de manera certera la existencia de dos proveedores a los que les habían realizado pagos, motivo por el cual correspondía aplicar lo fijado en el mencionado artículo.Los especialistas consultados por iProfesional.com remarcaron que el fallo pone de manifiesto cuáles son los elementos "aceptados" para probar la existencia de alguna erogación de dinero a favor de los contribuyentes.El caso por dentroTodo comenzó cuando la AFIP anuló pagos realizados por la firma Antu Aplicaciones Industriales a dos proveedores, ya que consideró que ellos no tenían capacidad para prestar los servicios declarados.El organismo de recaudación argumentó que estas salidas de dinero, si bien contaban con comprobantes respaldatorios, estaban dirigidas a personas que no poseían una estructura empresarial suficientemente grande como para cumplir con los objetivos por los que fue contratado.De esta manera, consideraron la operación como una salida no documentada en base a lo que establece el artículo 37 de la Ley de Ganancias, aumentando el importe del impuesto que debía ingresar la compañía.La empresa decidió presentarse ante Tribunal Fiscal de la Nación y luego a la Cámara Nacional de Apelaciones, donde le dieron la razón. Por esta razón, fue la AFIP la que se encargó de llevar su reclamo a la Corte Suprema, quién finalmente aceptó la postura fiscal. Para ello, aclaró que "una salida de dinero carece de documentación tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar a su verdadero beneficiario".Y que, tal como surge en la causa, si bien en los libros de la compañía estaba registradas las facturas de ambos proveedores, los comprobantes de uno de ellos diferían en el tipo de letra, el logotipo y tendrían una numeración presuntamente duplicada.Del mismo modo, sostuvieron que tampoco se pudo constatar que éste haya realizado las compras de materiales necesarios para prestar los servicios facturados, así como tampoco demostraron la existencia de maquinarias, instalaciones y personal en relación de dependencia, requeridas para cumplir con las tareas. En tanto que, respecto del otro proveedor, se constató la ausencia de facturas correspondientes a operaciones registradas, así como la falta de capacidad técnica y del capital necesario para prestar servicios como los aducidos.Por todo ello, avalaron la postura fiscal y establecieron que era correcto que la empresa tenga que pagar más Impuesto a las Ganancias.VocesLa abogada especialista en impuestos Karina Larrañaga sostuvo que la causa precisa aún más los elementos probatorios que deben proporcionar los contribuyentes que intenten desvirtuar un ajuste de las características de las salidas no documentadas. Al respecto, indicó que el máximo tribunal "interpreta que el hecho de que los proveedores hayan sido localizados resulta insuficiente a los efectos de 'demostrar' la veracidad de la operación comercial". Según la especialista, la Corte vuelve a ratificar que la pertinencia del ajuste gira en torno de la contundencia y veracidad de la prueba aportada y de todos aquellos elementos que pueda arrimar el interesado a efectos de probar la efectiva existencia de la operación comercial. En este marco, Larrañaga afirmó que "no es suficiente localizar al supuesto proveedor si no puede demostrase que estos tienen capacidad técnica y operativa para prestar los servicios o proveer los bienes de que dan cuenta las facturas impugnadas".Del mismo modo, Iván Sasovsky, director del estudio que lleva su nombre, explicó que la importancia de la causa radica en "descubrir cuáles resultan ser los elementos que son 'aceptados' para probar la existencia de erogaciones". Por su parte, Juan Pablo Scalone, socio del estudio Enrique Scalone & Asociados, destacó que "si toda la operación es apócrifa y se demuestra, por ejemplo, que los fondos que supuestamente salieron de la firma volvieron a ingresar al pagador, no corresponde aplicar el Impuesto a las Ganancias -salidas no documentadas-".Del mismo modo, afirmó que "tampoco correspondería aplicar el gravamen si se identificó al real beneficiario de los fondos". "Ahora bien, si existió una salida de fondos y se demuestra que la misma no podría haber sido dirigida a un determinado beneficiario, ya que el mismo no tuvo aptitud para prestar el servicio, y por ende existe un beneficiario oculto, sí correspondería aplicar el tributo", concluyó Scalone. En tanto, el consultor tributario Juan Carlos García indicó que la interpretación que hizo la Corte "obliga al contribuyente a demostrar fehacientemente la veracidad de la operación, es decir, que es él quien tiene la obligación de demostrar que una operación que llevo a cabo es cierta". En función a ello, el experto señaló que las empresas y los particulares "deberán comenzar a acostumbrarse a establecer políticas de 'conocimiento de su proveedores', indagando entre otras cosas su capacidad operativa, financiera y legal, entre otros aspectos". Cuáles son los elementos necesariosConsultado por este medio, Sasovsky dio cuenta de aquellos elementos que sirven a los contribuyentes para demostrar que los pagos realizados corresponden a un proveedor que tuvo actividades al momento de contratarlo.Al respecto, señaló que la Corte dejó en claro en la causa "Red Hotelera Iberoamericana SA" que se aplicará el instituto de salidas no documentadas "tanto cuando no haya documento alguno referente a la salida de fondos, como en el supuesto en el que si bien lo hay, el mismo no tiene aptitud para demostrara la causa de la erogación". Así las cosas, el experto sostuvo que no basta con la impugnación de una factura, sino que además debe demostrarse:



La inexistencia del emisor.

La falta de recepción de los bienes o servicios supuestamente provisorios o prestados.

La ausencia de capacidad operativa para cumplir con la prestación consignada en la documentación.

La mera localización de quienes emitieron la factura sin que ello implique que los mismos sean los verdaderos beneficiarios de las erogaciones realizadas.

Cualquier otro indicio de la inexistencia de las prestaciones o ventas "reales".



"Si bien el fallo es congruente con el criterio jurisprudencial, esto no debe generar la extrapolación del alcance del instituto del impuesto a las salidas no documentadas, creándose de alguna forma una nueva definición de responsabilidad sobre obligaciones de terceros", sostuvo Sasvosky. En ese orden de ideas, el especialista concluyó que "lo inadmisible será permitir que ésta concepción avance hasta que, de alguna forma, el contribuyente tenga la obligación de 'controlar' que el proveedor posea una correcta conducta tributaria, además de tener que respaldar con alevosía sus operaciones para demostrar su existencia".


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