Fallo: "Merel Adrian Ezequiel c/ Banco Finansur S.A s/ despido"

SD 39246 - Expte. 53.276/2010 - "Merel Adrian Ezequiel c/ Banco Finansur S.A s/ despido" - CNTRAB - SALA VIII - 28/11/2012En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de noviembrede 2012, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS A. CATARDO DIJO:

I.- Contra la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda con el alcance allí indicado se alza la demandada en procura de su revocatoria a tenor de las manifestaciones incluidas en la memoria que luce agregada a fs. 116/127, replicadas por la contraria a fs. 131/133. El perito contador apela a fs. 114 la regulación de honorarios practica a su favor por considerarla reducida.//-

II.- El recurrente centra su queja en las siguientes circunstancias: a)) que se haya tenido por acreditado el vínculo dependiente denunciado en el inicio, cuando el actor fue contratado para la realización de un trabajo determinado: la adecuación de los sistemas informáticos y de comercio exterior, que excedía la actividad de su representada, que no cumplía horarios estrictos ni recibía órdenes de la accionada y facturaba por sus servicios;; b) que se hubiere determinado que continuó trabajando con posterioridad al mes de febrero de 2010 y se la condenara al pago de los salarios correspondientes hasta el día en que el actor se consideró despedido en forma indirecta, a su criterio sin causa que lo justificara, sin perjuicio de actualizar su defensa subsidiaria, en el sentido que si se confirmara el extremo relativo a que el vínculo que unió a las partes fue dependiente, la extinción se operó por mutuo consentimiento en atención al tiempo transcurrido desde que el accionante dejó de prestar tareas hasta la fecha que efectuó la primer intimación , 19 de junio de ese año. c) que se la condenara al pago de las indemnizaciones del artículo l5 de la ley 24.0l3, del artículo 2 de la ley 25323 y del artículo 80 de la LCT.-

Adelanto que por mi intermedio el remedio procesal intentado tendrá parcial andamiento y en esa inteligencia me explicaré.-

III.- En orden al primer agravio diré que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la L.C.T., el sólo "hecho de la prestación de servicios, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven, se demostrase lo contrario".-

Tal como señala Fernández Madrid (Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, 1ª edición, Tº I, pág. 581) "el contrato de trabajo se inserta habitualmente en el marco de una organización empresaria...El hecho de que el trabajador dependiente, normalmente se incorpora a un establecimiento extraño, lleva consigno y determina el carácter del trabajo como heterónomo. Por eso la incorporación del trabajador adquiere tanta importancia para la existencia de la relación de trabajo. Pues ni el locador de servicios, ni el de obra, ni el mandatario, se integran, físicamente, a una unidad laboral ajena. Mantienen, por lo menos, la independencia de su conducta personal, que el trabajador dependiente en mayor o menor grado, subordina al mecanismo de la empresa. En resumen la condición de trabajador se vincula con la ubicación que posea en la estructura de una empresa ajena y el contrato de trabajo se configura cuando una persona mediante el pago de una remuneración, pone su fuerza de trabajo al servicio de la empresa de otra que organiza su prestación, aprovecha los beneficios de la labor y corre con los riesgos consiguientes. Por tanto encontramos en la relación que se traba con motivo del contrato los siguientes elementos: a) un servicio personal que califica al trabajo como un hacer infungible; b) el pago de una retribución por el trabajo recibido; c) el trabajo se pone a disposición de la empresa de otro y el empresario lo organiza, lo aprovecha y asume los riesgos del negocio".-

El hecho de que el trabajador presentara facturas por honorarios no () altera la naturaleza jurídica de la relación que medió entre las partes ni permite concluir que se trataba de una locación de servicios, puesto que no interesa la calificación que las partes involucradas den a la relación, ni la forma en que llamen a la retribución por el servicio prestado, sino que lo relevante es la esencia de la vinculación que, en tanto traduzca una subordinación jurídica, es decir, una sujeción actual o potencial a directivas jerárquicas, importa una relación laboral de carácter dependiente.-

Asimismo, he de señalar que si bien cuando se trata de trabajadores con conocimientos específicos del área que les compete, como en el caso de los profesionales, suele faltarle fuerza a la nota de dependencia técnica, presente en otros contratos de trabajo, ello no implica, en modo alguno, que deba descartarse la existencia de una relación laboral. Porque es justamente esa capacidad de desenvolverse con independencia dentro del marco del área específica de sus conocimientos, uno de los extremos tenidos en cuenta por el empleador a la hora de incorporar a su plantel este tipo de profesionales. Lo determinante, en estos casos es la subordinación con la empleadora, la integración a su estructura y la sujeción del profesional a las directivas de sus superiores. (C. Nac. Trab., Sala 10ª, 26/03/2001, "Porcelli, Mariela v. Instituto Nacional de Reaseguros S.E. s/ despido" [elDial.com - AL59A ]).-

Sentado lo anterior, entonces, en la medida que se encuentra acreditado que el actor ha prestado servicios personales de carácter técnico en el área informática, motivo de su contratación, en calidad de medio de una empresa ajena, lo que autoriza a presumir que esa prestación reconoce su fuente en un contrato de trabajo, y que, al haberse utilizado figuras no laborales, debió la demandada haber demostrado la calidad de empresario de aquél, ésto es, asunción de riesgos económicos, aporte de capital propio para soportar pérdidas, extremo que no ha logrado debido a la ausencia de prueba en su relación; no encuentro otra alternativa que auspiciar la ratificación del temperamento adoptado en grado sobre el particular.-

IV.- Distinta suerte correrá el agravio dirigido a la fecha en que se consideró extinguida la relación. Al respecto, disiento con el criterio sostenido por el sentenciante pues - a mi entender - del análisis de los testimonios contestes de Estarellas a fs. 80, Mencias a fs. 9l y Boschiglia a fs. 94 surge acreditado que el actor prestó servicios hasta el mes de febrero de 20l0, extremo corroborado por el rendido por Cabo a fs. 83 que se refiere a febrero o marzo de 20l0.-

Delineados de tal suerte los contornos de la incidencia, tengo para mi que el silencio mantenido por las partes hasta que, el 19 de junio de 20l0., el actor cursó una intimación de pago de haberes, regularización registral y denuncia de negativa de tareas, se extendió durante un período suficientemente largo para hacer operativa la previsión del artículo 241, in fine, L.C.T. y considerar que las partes, en virtud de esos comportamientos recíprocos omisivos -no se exigieron el cumplimiento de sus prestaciones correspectivas-, que adquieren, en el contexto temporal, calidad de concluyentes, abandonaron la relación.-

Abandonado, entonces, el contrato antes de la primera comunicación remitida por el accionante, dicha extinción no generó créditos indemnizatorios a su favor (artículo 499 del Código Civil), resultando extemporánea la situación de despido indirecto en que aquél se colocara con fecha 10 de julio de 20l0.-

V.- Sentado lo anterior, auspiciaré se revoque la condena al pago de remuneraciones a partir de marzo de 20l0 y de la indemnización del artículo 2 de la ley 25323, esta última por haberse decretado la improcedencia del reclamo de las indemnizaciones derivadas del despido. En igual sentido lo haré respecto de la indemnización del artículo l5 de la Ley Nacional de Empleo porque la intimación cursada por el actor en los términos del artículo ll de esa normativa tuvo lugar con posterioridad a la fecha en que se operó la extinción del vínculo, incumpliéndose, de este modo, con las directivas contenidas en artículo 3 del decreto reglamentario 2725/91 que establece que la intimación, para que produzca los efectos previstos en ese artículo, deberá efectuarse estando vigente la relación laboral.-

VI.- Observo que, con relación a la indemnización del artículo 45 de la Ley 25.345, la demandada ha sostenido en todo momento que el accionante incumplió con la carga establecida por el inciso 3º del Decreto 146/01, razón por la que cuestiona que en la instancia anterior se declarara de oficio la inconstitucionalidad de esa norma. Al respecto, juzgo inoficioso expedirme en orden a este último aspecto porque en atención a la forma y fecha en que se consideró extinguida la relación (febrero de 20l0), la intimación cursada el l0 de julio de 20l0 con el objeto de obtener las certificaciones respectivas, cumplió los fines perseguidos por la normativa , máxime cuando, en definitiva la reclamada negó la relación de dependencia invocada.-

Así, en un caso de aristas disímiles al presente, pero que vale a título referencial, sostuve que " un nuevo análisis de la cuestión me lleva a juzgar innecesario que la actora deba esperar el plazo de treinta días contemplado en el artículo 45 de la Ley 25.345 para intimar por dos días hábiles al empleador a la entrega de las certificaciones de trabajo cuando aquél negó la relación de trabajo pues en este supuesto es claro que no cumplirá obligación alguna derivada de la aplicación de normas laborales. Lo mismo vale para los casos en que la empleadora guarda silencio frente a la intimación cursada por la trabajadora y al contestar demanda alega la inexistencia de un vinculo laboral. En estos casos corresponde entender que la intimación cursada por la actora antes del vencimiento del plazo de treinta días posteriores al despido resulta suficiente". (conf. esta Sala, S:D nº 38607 del 13/12/11).-

VII.- En definitiva, tomando como base la liquidación de los rubros individualizados por el judicante en el pto. 7 de fs. 112, que no merecieron observación de la actora, ajustados a los admitidos a través del presente, el monto total de condena queda reducido a la suma de $ 21.146,68, integrada por los siguientes parciales : a) indemnización artículo 80 LCT: $ 19.500; b) sueldo anual complementario proporcional año 2010: $ 1083,34; c) vacaciones proporcionales año 2010: $520: d) sueldo anual complementario sobre el anterior: $ 43,34;; a la que accederán los intereses ordenados en grado.-

VIII.- A influjo de lo normado por el artículo 279 del CPCCN corresponde revisar lo resuelto en materia de costas y honorarios, por lo que deviene inoficioso expedirse respecto del recurso de apelación interpuesto por el perito contador.-

IX.- Por las razones expuestas, de compartirse mi criterio correspondería: 1) confirmar la sentencia apelada en cuanto impone condena y fijar el capital nominal de condena en la suma de $ 21.146,68- a la que se adicionarán los intereses dispuestos en grado, 2) dejar sin efecto lo resuelto sobre costas y honorarios , 3) imponer las costas de ambas instancias en el orden causado atento a la existencia de vencimientos parciales y mutuos, habiéndose efectuado una ponderación conceptual y no meramente aritmética (artículos 68 y 7l del CPCCN), 4) regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la demandada, ambos por la total actuación en la causa y los correspondientes al perito contador en el l8%, 18% y 8 % , respectivamente a calcularse sobre la suma de capital más intereses. (artículos 6º,7, 9, 14 y 39 de la ley 21839 y 3º decreto ley 16638/57).- Así lo voto.-

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.-

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto impone condena y fijar el capital nominal de condena en la suma de $ 21.146,68- a la que se adicionarán los intereses dispuestos en grado,2) Dejar sin efecto lo resuelto sobre costas y honorarios,

3) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado,

4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la demandada, ambos por la total actuación en la causa y los correspondientes al perito contador en el l8%, 18% y 8 % , respectivamente a calcularse sobre la suma de capital más intereses.-

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.//-

Ante mí: LUIS A. CATARDO - VICTOR A. PESINO

ALICIA MESERI, SECRETARIA

 


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