Fallo: "Gleizerman Ruben Marcelo c. Industrias Lear de Argentina S.R.L. s. despido"

SD 88293 - Causa 28704/10 - "Gleizerman Ruben Marcelo c. Industrias Lear de Argentina S.R.L. s. despido" - CNTRAB - SALA I - 28/11/2012En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de NOVIEMBRE de 2012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Vilela dijo:

I))- Contra la sentencia de fs.383/394 y aclaratoria de fs.379, apelan ambas partes, presentando sus memoriales: la demandada a fs.418/419 y el actor a fs.424/429. El perito contador apela sus honorarios a fs.416.//-

II)- Se queja la parte demandada porque se admitió el reclamo tendiente al cobro de diferencias indemnizatorias originadas en la naturaleza remuneratoria que se asignara al uso del teléfono celular, el automotor, y los seguros de vida y de salud. Insiste en que los dos primeros constituyen herramientas de trabajo, necesarias para el desempeño del actor como gerente de ventas, el automóvil y el plan de medicina prepaga;; y que los seguros de referencia forman parte de los beneficios sociales, en los términos del art.103 bis de la LCT. Cuestiona la condena al pago del bono anual, a cuyo efecto destaca que se hallaba sujeto a dos condiciones -desempeño individual del trabajador y global de la compañía-, que no se hallaban reunidas.-El actor, a su turno, apela el rechazo de las sanciones peticionadas con sustento en los arts.1 y 2 de la ley 25.323, el art.80 de la LCT y del planteo de inconstitucionalidad del art.4 de la ley 25.561. Su representación letrada apela los honorarios regulados, por estimarlos reducidos.-

III)- Memoro que el actor se desempeñó entre el 11 de agosto de 2008 y el 8 de junio de 2009 en calidad de gerente de ventas, en el establecimiento dedicado a la fabricación de autopartes que explota la demandada. Fue despedido sin causa en la fecha mencionada, y se le abonó una suma que reputa insuficiente, por no () haberse incluido en su salario los conceptos cuya naturaleza es materia de debate en autos.-En primer lugar, no se discute a esta altura que el actor contaba con un teléfono celular provisto por la empresa para ejercer sus funciones, por cuanto, de acuerdo a la tesitura de la demandada, debía estar "...en permanente comunicación y disposición de la Gerencia General y de los diferentes clientes que necesitasen comunicarse con él..." (ver fs.75). Sin embargo, no ha quedado establecido que el celular se utilizara únicamente para la comunicación relativa a las tareas prestadas a favor de la demandada. En efecto, el perito contador informó a fs.325vta./326 que la demandada exhibió el formulario de autorización de uso de telefonía celular, de cuyos términos no se extrae limitación alguna en el uso para el cual fue otorgado. Memoro que esta Sala ha señalado que la situación del trabajador que tenía el libre uso y disponibilidad del teléfono celular dado por la empresa para fines laborales, utilizándolo tanto en días de trabajo como cuando no cumplía su prestación habitual, sin exigencia de rendición de cuentas, lleva a concluir que se está frente a una "ganancia" percibida como contraprestación derivada del contrato de trabajo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 103 de la ley 20.744 y que corresponde su inclusión -en la medida en que seguidamente se expondrá- en la remuneración mensual (conf. Autos "Alen, José Fabián c/Wyeth S.A. s/ despido" [Fallo en extenso: elDial.com - AA43B0] SD. 84.747 del 9/10/07; en igual sentido, "Laffaye, Sergio c/BNP Paribas Sucursal Buenos Aires" [Fallo en extenso: elDial.com - AA6458], SD 86.070 del 24/8/2010). Similares consideraciones se proyectan sobre el uso del automóvil, toda vez que no lo utilizaba únicamente para trasladarse desde su domicilio a las distintas plantas que posee la demandada en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba (ver responde a fs.75) sino también en su tiempo libre, y era la empresa quien abonaba la totalidad de los gastos por ese uso (seguros, combustible, etc.).-Distinta es la situación respecto de la naturaleza de la prestación de medicina prepaga contratada por la demandada a favor del dependiente y su grupo familiar (OSDE), en tanto aquélla no se concede en función del tiempo durante el cual el trabajador permanece a disposición del empleador, ni tampoco atendiendo a su rendimiento, lo cual revela que no se trata de una contraprestación del trabajo sino más bien de "...una protección que se otorga en ocasión y en la medida de ciertas necesidades emergentes del dependiente. Constituye un modo de asunción, por parte del empleador, de una contingencia social que puede aleatoriamente afectar o no a sus empleados" (cfr. CNAT, Sala III, SD89286 del 30/11/07, in re "Saint Jean, Alejandro c/ Disco SA s/ despido"; Sala IV, SD60877 del 10/10/08, in re "Pega, Gustavo c/Frances Valores Sociedad de Bolsa SA s/ despido"; Sala IX, SD 14948 del 31/5/08, "Ciaburri, Rodolfo c/Disco SA s/despido"). Lo mismo sucede con el seguro de vida contratado por el empleador para el caso de fallecimiento del dependiente, ya que se trata de una prestación destinada a ayudar al grupo familiar (o quien se determine como beneficiario) del trabajador para el supuesto de verificarse una contingencia determinada (en el mismo sentido, ver Seco, Ricardo F., Ley de Contrato de Trabajo Comentada dirigida por M.A. Maza, Ed. La Ley, 2012, To.II, pàg.474) por lo que propondré modificar el fallo de grado en este sentido, rechazando la pretensión del demandante de que estos dos conceptos integren el salario.-Ahora bien, como explicara anteriormente, tanto el teléfono celular como el vehículo eran utilizados para fines laborales y personales, y como he sostenido en anteriores ocasiones (ver, entre otros, "Reboredo Sergio Daniel c/Bumeran.com Argentina SA s/despido" [Fallo en extenso: elDial.com - AA6F4D], SD 86.950 del 30/8/2011 del Registro de esta Sala I), es preciso, en este contexto, puntualizar que sólo reviste carácter remuneratorio la proporción del uso de ese teléfono celular y del automotor realizados por el dependiente con fines personales, en tanto la utilización de esas herramientas proporcionadas por la empleadora para el desempeño de su trabajo forma parte del deber de aquélla de facilitar a sus dependientes los elementos de trabajo necesarios para el cumplimiento de las funciones que les asigna (arts. 64, 76 y concs. LCT), de modo que carecen -en esa proporción- de carácter remuneratorio (ver, en igual sentido, Sala II, "Lucero, Humberto c/YPF SA s/despido" [Fallo en extenso: elDial.com - AA45FB], SD 95.480 del 20/12/2007).-Sentado ello, y ante la ausencia de elementos que permitan establecer el costo mensual del servicio telefónico y de la utilización del vehículo considerando la porción correspondiente a fines laborales y personales, estimo prudente establecer que el 50% del importe por el uso de ambos elementos, puede considerarse de naturaleza salarial, lo que conduce a concluir que debe incorporarse al salario la suma de $1.100 ($350 teléfono celular y $750 gastos del automotor), por lo que propondré modificar en este sentido el fallo de grado.-

IV)- En cuanto se refiere al bonus admitido en grado en forma proporcional al tiempo trabajado, adelanto mi criterio desfavorable a las pretensiones de la recurrente. Es preciso puntualizar que este bonus fue estipulado en la propuesta laboral en base a la cual el demandante se incorporó en la empresa (ver fs.248/250), como un "bono de incentivos y compensación anual (50% del bono de reconocimiento en efectivo en concepto de desempeño individual y 50% corresponde al desempeño corporativo a nivel mundial) hasta el 10% del salario básico anual". La apelante por la demandada hace hincapié en que la percepción se hallaba sujeta al cumplimiento de dos condiciones: el desempeño individual y el global de la corporación, y que ninguna de ellas se habría verificado. Sin embargo, no se adujo -respecto del desempeño individual- que el demandante hubiera sido evaluado y que su desempeño no hubiera alcanzado los niveles esperados -los cuales, por cierto, tampoco fueron explicitados-, a la par que el perito contador señaló que no le fue exhibida documentación para informar sobre las pautas establecidas para liquidar la gratificación en cuestión. Expuso el experto que las bonificaciones son informadas desde la casa matriz, ubicada en el extranjero, y posteriormente liquidadas en los recibos de haberes de aquellos empleados respecto de quienes se determinó que les corresponde percibirlas (fs.524/vta.), a la vez que puntualizó que al 31/12/2008 se realiza una previsión de la cuenta "Gratificación al personal" compuesta por el 10% del salario anual de los empleados elegibles y luego se realiza un ajuste del pago -variable entre el 10 y el 25%- según la jerarquía del elegible, entendiendo por esto último aquellos empleados que "según su desempeño serían los afectados por dicha gratificación...". Reitero que no se cuenta con elementos objetivos de evaluación para determinar, en su caso, por qué motivo el actor no fue considerado "elegible", si existió la previsión de pago de este bonus por el período 2008. Al votar en la causa "Fuschino Silvana c/IBM Argentina SA s/despido" (SD 86.369 del 11/2/2011) tuve oportunidad de compartir -sobre este punto- los conceptos vertidos por Miguel Ángel Pirolo en la causa "Kotsias, Héctor D. c/Siembra AFJP SA s/despido" (SD 95940 del 25/7/2008, del registro de la Sala II), en el sentido de que era la demandada "...quien se encontraba en mejores condiciones para acreditar las condiciones generales y particulares para acceder al bonus anual y-en su caso- que éstas no alcanzaban al actor, pesaba sobre ella, mediante una distribución dinámica del onus probandi, acreditar las circunstancias en que basó su defensa". En el sub-examine, no ha sido demostrado que el actor no hubiera reunido los requisitos necesarios para acceder al bonus correspondiente al tiempo laborado a las órdenes de la demandada, por lo que propondré confirmar el temperamento adoptado en origen.-

V)- El actor apeló el rechazo de la multa prevista en el art.1 de la ley 25.323, norma que establece una sanción para el caso en que la relación laboral, al momento del despido, no esté registrada o lo esté de modo deficiente. Esta Sala ya se ha expedido en sentido desfavorable a su pretensión (ver causa "Laffaye" [Fallo en extenso: elDial.com - AA6458], citada en el considerando III), al señalar que "El hecho de que se haya reconocido carácter remunerativo al uso de vehículo, a la provisión de celular y al pago de gastos de representación, no significa que la relación se encontraba deficientemente registrada. En el caso, la empleadora registró las remuneraciones que efectivamente abonaba al trabajador y respecto de ellas hizo los aportes correspondientes a los organismos de seguridad social. No se configura el presupuesto que establece dicha norma para el progreso de la multa en cuestión (Conf. CNAT, Sala III, autos "Gayoso, Marcelo José c/Maruba S.C.A." [Fallo en extenso: elDial.com - AA594D], sentencia del 16/10/2009)", por lo que no encuentro mérito para apartarme de lo resuelto en origen.-

VI)- Distinta es la situación que se plantea en orden a la sanción del art.2 de la ley 25.323, ya que debe recordarse que esta norma tiende a reparar el daño que se produce al trabajador cuando no se le abonan en tiempo y forma las indemnizaciones por despido del art. 245 de la L.C.T., la sustitutiva del preaviso y la integración del mes de despido y se ve compelido a recurrir a la jurisdicción para obtener la satisfacción de su crédito. Las indemnizaciones mencionadas fueron liquidadas en base a una remuneración mensual, normal y habitual que no incluía dos conceptos de naturaleza remuneratoria, y de acuerdo a lo expuesto en este voto, no se ajustó a las pautas pertinentes, en tanto no se contemplaron los rubros remuneratorios aludidos. Tal postura obligó al actor a iniciar acciones judiciales para obtener el pago íntegro de su crédito, luego de haber cumplido con la intimación exigida por el art. 2º de la ley 25.323. Ahora bien, el quantum de esta sanción no puede recaer sobre el total que debió ser abonado en tanto la empleadora abonó oportunamente lo que estimaba que debía pagar. El cálculo de la acreencia debe practicarse sobre el saldo que persistió adeudado, por lo que así será fijado.-

VII)- En cuanto al certificado de trabajo, observo en primer lugar que el demandante dio cumplimiento a lo normado por el art.1 del dec.146/01 a través de la misiva obrante a fs.142 (ver informe de Correo Argentino a fs.145), es decir, intimó en tiempo y forma por la entrega del certificado de trabajo. La demandada confeccionó en tiempo oportuno, según se extrae de la fecha de certificación de la documental acompañada a fs.97/99, el formulario ANSES PS6.2, mas se observa que no sólo no refleja la realidad remuneratoria del demandante porque los importes allí detallados no incluyen los conceptos que han sido materia de debate en orden a su naturaleza a lo largo del presente pleito, sino que al detallar las remuneraciones sujetas a aportes previsionales, indicó el tope pertinente -lo cual, ciertamente, es la porción salarial sujeta a aportes- mas ello no da cumplimiento a lo prescripto por el art.80 de la LCT, obligación contractual cuyos alcances se encuentran fuera de discusión, que establece que es menester consignar el salario percibido por el trabajador, circunstancia ésta que no se verifica en la especie. En consecuencia, toda vez que el actor requirió de manera fehaciente la entrega del certificado y que la accionada no dio adecuado cumplimiento a la obligación del art.80, he de propiciar se haga lugar a este segmento del recurso, así como a la entrega de un nuevo certificado, que contenga los datos verídicos relativos al salario del demandante.-

VIII)- Rememorando los acápites anteriores, teniendo en cuenta la modificación que propicio en el considerando III respecto de la naturaleza de los conceptos "uso del celular" y "uso de automotor", y las sanciones de los arts.2 de la ley 25.323 y art.80 de la LCT, corresponde practicar una nueva liquidación de los rubros que debió percibir el trabajador al momento de la denuncia contractual, partiendo de la base de una remuneración mensual de $15.730 ($13.200 + $350 + $750 + $1.430) a los fines del art.245 de la LCT. Creo conveniente puntualizar que la demandada apeló el bonus en cuanto a la procedencia de su pago, mas nada dijo respecto de su inclusión en la base de cálculo de la remuneración a los fines de la antigüedad, por lo que corresponde atenerse a los límites de la apelación (art.277, CPCCN).-

Sentado lo expuesto, propongo elevar la condena a la suma de $96.966,42, conforme a los siguientes parciales: indemnización por antigüedad, $15.730; indemnización sustitutiva del preaviso con la incidencia del SAC, $17.040,83; días trabajados de junio, $4.194,66; integración del mes del despido, $11.535,33; SAC proporcional año 2009 (comprensivo de incidencia sobre la integración) $7.865; art.80 de la LCT, $47.190; art.2 de la ley 25.323, $22.153,08; vacaciones proporcionales (incluyen la incidencia del SAC), $4.771,40; gratificación, $14.300; salarios descontados indebidamente por suspensión, $3.660. Todo ello totaliza la suma de $148.440,30 a la cual debe descontársele lo ya percibido por el actor ($51.473,88, conforme fuera dispuesto en origen, fs.397). Todo ello devengará los intereses fijados en el decisorio de grado.-

IX)- En cuanto se refiere a la actualización de los créditos solicitada por el actor, esta Sala ha tenido oportunidad de expedirse en sentido favorable a las pretensiones del recurrente en la causa "Cabrera Almirón Francisco Javier c/Plavinil Argentina S.A. s/despido" (SD 79.873 del 19/9/02). Sobre esta materia, además, el Alto Tribunal ha determinado que la prohibición general de aplicar mecanismos de actualización automática, prevista en las leyes 23.928 y 26.561, procura evitar el alza de los precios relativos correspondientes a cada uno de los sectores de la economía, al reflejarse de manera inmediata en el índice general utilizado al mismo tiempo como referencia para reajustar los precios y salarios, todo lo cual puede contribuir de manera inercial a acelerar las alzas generalizadas de precios (cfr. CSJN, "Chiara Díaz Carlos Alberto c/Estado Provincial", sentencia del 7/3/2006, del Registro del Alto Tribunal C.1051, XII). Además, la tasa bancaria posee un elemento compensatorio (ver Acuerdo del 7/5/02, Acta Nro.2357) que ha remediado los efectos nocivos del envilecimiento del signo monetario. Propongo pues desestimar este aspecto del recurso del actor.-

X)- Las costas fueron impuestas a la demandada vencida (art.68, CPCCN) y propicio similar temperamento respecto de las de Alzada. Con relación a los honorarios regulados en el decisorio recurrido a la representación letrada del actor y al perito contador y traductor atendiendo al mérito y extensión de los trabajos realizados, facultades conferidas por el art.38 LO y normativa legal aplicable, estimo que los primeros no son reducidos y deben ser confirmados, que los regulados al contador deben elevarse al 5% y los de la perito traductora deben reducirse a $3.300 (art. 38 LO; ley 21839 y ley 24432; dec.16.638/57). Resta aclarar que la totalidad de los porcentajes de honorarios deberán calcularse sobre el nuevo importe de condena.-

XI)- En definitiva, propongo: a)- Modificar parcialmente la sentencia y elevar la condena a la suma de $96.966,42 con más los accesorios fijados en origen, modificando los honorarios de los peritos b)- Corresponde condenar a la demandada a hacer entrega del certificado de trabajo previsto en el art.80 de la L.C.T., dentro del plazo de cinco días de notificada la liquidación prevista en el art.132 de la L.O, bajo apercibimiento de las sanciones conminatorias que, en función de las circunstancias del caso, decidiera imponer el Juez de primera instancia en la etapa de ejecución, en caso de incumplimiento (cfr. arts.37 del CPCC y 666 bis del Código Civil); c)- Declarar las costas de Alzada a cargo de la demandada vencida (art.68, CPCCN) y regular los honorarios de los letrados intervinientes ante esta instancia, en representación de la parte actora y de la demandada, en el 25% respectivamente de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la anterior etapa (art.38, LO; leyes 21.839 y 24.432).-

La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

Que disiento respetuosamente con el criterio expuesto por mi distinguido colega preopinante en el considerando III de su voto, en cuanto a la discriminación que realiza en la determinación del importe abonado por la demandada en concepto de uso de teléfono celular y del automóvil. Entiendo que ambos rubros revisten naturaleza salarial por la totalidad de las sumas que la empresa destinaba a su pago, dado que no se exigía rendición de cuentas alguna al dependiente y que la empleadora tampoco contaba con un mecanismo para diferenciar el uso de ambos elementos en el ámbito laboral y en el ámbito personal, todo lo cual me lleva a concluir que el pago por ella efectuado constituía una ventaja patrimonial para el dependiente obtenida "como consecuencia del contrato de trabajo" (art.103 de la LCT). El uso de ambos elementos se condice, por otra parte, con la jerarquía del Sr. Gleizerman, quien se desempeñaba como gerente de ventas de la empresa demandada.-En consecuencia, propongo confirmar en este aspecto el fallo de grado, en tanto considero que debe asignársele naturaleza remuneratoria, reitero, a la totalidad de los importes abonadas por la demandada por ambos conceptos, es decir, a las sumas de $1.500 (uso de automóvil) y $ 700 (teléfono celular, ver sentencia a fs. 392.).-Adhiero a cuanto propone el Dr. Vilela en los considerandos IV; V; VI y VII de su voto. De acuerdo a ello, el salario a los fines de la liquidación asciende a la suma de $16.830.-En atención a lo expuesto, propicio diferir a condena la suma de $106.296,22 con más los intereses fijados en origen, conforme al siguiente detalle y a la mecánica de cálculo allí establecida: a) diferencias indemnizatorias: indemnización por antigüedad, $16.830; indemnización sustitutiva del preaviso,$16.830; incidencia del SAC sobre el preaviso, $1.402,50; integración del mes del despido, $12.342; incidencia del SAC sobre integración, $1.028,50; b) diferencias en la liquidación final con más sanciones: días trabajados de junio, $5.488; SAC proporcional año 2009, $6.077,50; art.80 de la LCT, $50.490; art.2 de la ley 25.323, $24.216,50; vacaciones proporcionales (incluyen la incidencia del SAC), $5.105,10; gratificación, $14.300; salarios descontados indebidamente por suspensión, $3.660; total= $157.770,10 - $51.473,88, abonados =$106.296,22.-Por último, comparto lo expuesto en el voto que antecede en orden a la distribución de las costas y la regulación de los honorarios allí propuesta, respecto de ambas instancias.-

En definitiva, de prosperar mi voto, correspondería: 1. Modificar parcialmente la sentencia y elevar la condena a la suma de $106.296,22 con más los accesorios fijados en origen; 2. Declarar las costas de Alzada a cargo de la demandada vencida y regular los honorarios, por la actuación en esta instancia, para la representación letrada del actor y de la demandada, en el 25% respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la anterior etapa (conf. art.38, LO; leyes 21.839 y 24.432).-

La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

Que adhiere al voto del Dr. Vilela por compartir los fundamentos.-

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a)- Modificar parcialmente la sentencia y elevar la condena a la suma de $96.966,42 con más los accesorios fijados en origen, modificando los honorarios de los peritos b)- Corresponde condenar a la demandada a hacer entrega del certificado de trabajo previsto en el art.80 de la L.C.T., dentro del plazo de cinco días de notificada la liquidación prevista en el art.132 de la L.O, bajo apercibimiento de las sanciones conminatorias que, en función de las circunstancias del caso, decidiera imponer el Juez de primera instancia en la etapa de ejecución, en caso de incumplimiento (cfr. arts.37 del CPCC y 666 bis del Código Civil); c)- Declarar las costas de Alzada a cargo de la demandada vencida (art.68, CPCCN) y regular los honorarios de los letrados intervinientes ante esta instancia, en representación de la parte actora y de la demandada, en el 25% respectivamente de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la anterior etapa (art.38, LO;; leyes 21.839 y 24.432).-Regístrese, notifíquese y devuélvase.//-

Fdo.: Julio Vilela - Gloria M. Pasten de Ishihara - Gabriela Alejandra Vázquez

Ante mí: Elsa Isabel Rodriguez, Prosecretaria de Cámara

Citar: elDial.com - AA7C3D

 


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