Esconden el informe de las universidades sobre el Indec

A dos años de su conclusión, el Gobierno sigue ocultando el crítico informe de las universidades sobre la situación de las estadísticas oficiales desde 2007, ya que no lo giró al Congreso para su debate, ni lo implementó.

Un grupo de diputados de la oposición le exigió hace unos días al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, un informe escrito sobre los cambios producidos en el Indec a partir de las sugerencias del Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES). El reporte fue elaborado por las universidades de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Tres de Febrero y Tucumán, seleccionadas por el Gobierno.

Entre diciembre de 2006 y septiembre de 2012, el índice de precios al consumidor creció un 64% para el Indec; el de la provincia de San Luis, un 220%, y el de una consultora privada que prefirió no ser identificada, debido a la persecución legal que sufre del Gobierno, un 180 por ciento.

Con pocas esperanzas sobre la posibilidad de lograr una respuesta, los legisladores están estupefactos no sólo porque el Ministerio de Economía no giró el informe al Parlamento sino porque, además, se lo envió al Fondo Monetario Internacional (FMI), que asiste al Indec desde 2009. Lorenzino y el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, no respondieron a las consultas de LA NACION sobre este tema.

La principal impulsora del pedido de informe, la diputada de Pro Laura Alonso, sostuvo que el Gobierno se niega a abrir el debate "porque oculta información pública que debería haber puesto a disposición de todos, lo cual es más grave habiendo pasado un plazo más que razonable" desde que el informe fue entregado, en 2010. El CAES fue creado por un decreto de 2009; en uno de sus artículos establecía la obligación de girar el informe al Congreso.

"Pero en el Congreso la mayoría oficialista no habla del Indec porque la Casa Rosada se lo prohíbe. Es una gravísima herencia que le deja el kirchnerismo al futuro de los argentinos", expresó la ex directora de Poder Ciudadano. En tanto, el legislador del Peronismo Federal Gustavo Ferrari agregó que el Gobierno oculta el debate "por una decisión política de mantener el statu quo de la intervención, de inhibir cualquier debate parlamentario para normalizar nuestro sistema estadístico, ya que nunca hubo intención por parte de impulsar reforma alguna".

El diputado Claudio Lozano, de Unidad Popular, opinó que "el informe de las universidades era lapidario respecto de la intervención y de la manipulación realizada por los secuaces de Guillermo Moreno sobre el índice de precios y sobre el resto de los indicadores, razón por la cual el Gobierno, al no poder subordinar a la comunidad académica al disparate realizado, no pudo cumplir ni siquiera con su propio decreto". Mientras tanto, agregó, "en el país de Cristina en el mundo de las maravillas, como consecuencia del 0,8 por ciento de inflación oficial mensual, se produce el efecto de que la pobreza se ubica en torno del 6 por ciento y la indigencia ha desaparecido, frente a la realidad de una pobreza que involucra al 30 por ciento de la población y niveles de indigencia que no bajan de un 10 por ciento".

Patricia Bullrich, de Unión por Todos, opinó que "es posible que el FMI tenga que iniciar la sanción hacia el Gobierno, que, después de todo, es a lo que apuesta el kirchnerismo para victimizarse y seguir profundizando el nefasto estado de excepción en el que vivimos, concentrando mayor poder y discrecionalidad".

Entre los integrantes del CAES predomina la resignación. "La última vez que nos reunimos fue en mayo de 2011 con el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, y la conducción del Indec, pero después el informe quedó en manos de la Presidenta y no pasó más nada", explicó Ernesto Seselovsky, director del Observatorio Económico Social de la Universidad de Rosario.

El economista admitió que "extra-oficialmente el informe da vueltas por el FMI, seguramente se lo tiene que haber dado el Gobierno, porque nosotros no nos reunimos con ellos".

Juan Mario Jorrat, de Tucumán, dijo que "la falta de referencia a la inflación promedio afecta ampliamente a la economía, introduciendo costos e ineficiencias totalmente evitables en aspectos relacionados con las deducciones por el impuesto a las ganancias, la oferta y disponibilidad de crédito de largo plazo, las discusiones paritarias, aumento de la conflictividad social y a la falta de información para que el consumidor tome decisiones más razonables". A la vez, "se generan beneficios fiscales para el Estado al tener un gran porcentaje de la deuda expresada en pesos y ajustable por la inflación doméstica", concluyó.

Víctor Beker, de la UBA, la UB y ex director del Indec, expresó que, para el Gobierno, el costo de haber implementado las sugerencias del CAES "era asumir que había habido manipulación de los datos, a cambio de haber demostrado capacidad de rectificación y reconocimiento de los errores y contar con datos verdaderos sobre precios, pobreza e indigencia".


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