Disputas por los surtidores

La ley por un lado y la escasez de recursos por otro. En esta docena de palabras podría resumirse la raíz del conflicto que ahora enfrenta al gobierno de Cristina Kirchner con las jurisdicciones que le son políticamente más hostiles, por quedarse con una tajada del ascendente precio de los combustibles y utilizar a los surtidores como una fuente rápida y segura de recaudación impositiva. Pero circunscribir esta disputa sólo a una cuestión fiscal sería apenas un reduccionismo.

Aunque muchos automovilistas puedan desconocerlo, en los surtidores pagan más por impuestos que por las naftas que cargan. Desde hace años, los impuestos nacionales representan 66% del precio total y la mayoría se coparticipa con las provincias. La novedad, en todo caso, es que los precios vienen aumentando progresivamente (en los últimos tres años acumulan 93% en el caso de la nafta súper; 126% en la premium, y 114% en gasoil) y, por consiguiente, también lo hacen los ingresos fiscales en este rubro. Sólo por el impuesto a los combustibles líquidos y GNC, la AFIP recaudó en los primeros meses de este año casi 20.000 millones de pesos (42% más que en el mismo período de 2011).

Otro dato a tener en cuenta, como consecuencia de lo anterior, es que en la Argentina se ha ido acortando paulatinamente la amplia brecha que separaba los bajos precios domésticos de los regionales, mucho más caros. Según estadísticas del Estudio Montamat, el precio en surtidor con impuestos de la nafta súper en la Argentina resulta hoy 14% más bajo que los de Brasil y Chile, cuando hace tres años la diferencia superaba 35 por ciento. Nada indica que esta tendencia vaya a modificarse.

Con este panorama y las penurias fiscales de muchas provincias (que este año recibieron transferencias automáticas inferiores a la inflación real y a los gastos presupuestados), era evidente que algunos gobernadores iban a intentar hacerse de recursos por mano propia. Los combustibles eran una tentación, porque captar parte de las subas de centavos por litro que se van sumando todos los meses tiene un menor costo político que subir las facturas del impuesto inmobiliario o de patentes, por ejemplo.

El primero en saltar el cerco fue el cordobés José Manuel de la Sota, que acentuó su enfrentamiento con el gobierno de CFK mediante la aplicación en su provincia de una "tasa vial" de entre 20 y 40 centavos por litro sobre el gasoil y las naftas y de 10 centavos para el GNC, que representa aumentos de 5 a 10 por ciento. Luego intentó seguir sus pasos el bonaerense Daniel Scioli, quien rápidamente dejó sin efecto un anunciado sobreprecio de 10 centavos con idéntico destino, para no sacar prematuramente los pies del plato. Y Mauricio Macri se anotó con hasta 40 centavos por litro en el proyecto de ley para solventar parte de la anunciada transferencia de los subtes al gobierno porteño.

Hasta ahora, la reacción de la Casa Rosada fue promover ante la Corte Suprema una demanda contra De la Sota; presionar políticamente a Scioli para desactivar otro frente simultáneo de conflicto, y no abrir juicio sobre Macri, cuyo proyecto seguramente encontrará escollos en el bloque kirchnerista de la Legislatura.

Los especialistas tributarios confirman que una doble imposición sobre los combustibles es inconstitucional y que cualquier modificación debe ser aprobada previamente por la Comisión Federal de Impuestos. Pero más allá de la cuestión legal, hay factores políticos y económicos que tienen mayor peso.

En el primer caso, porque si los gobernadores obtienen esa fuente extra de recursos, pueden reducir su dependencia de las transferencias no automáticas del gobierno central, y, especialmente, operar sobre los intendentes municipales, que constantemente son seducidos con fondos discrecionales por la Casa Rosada (con Julio De Vido como operador principal). En el segundo, porque acotan el margen para que la reestatizada YPF pueda seguir subiendo los precios de los combustibles y sus ingresos de caja, que constituyen una pieza clave de su ambicioso plan de inversiones, aún huérfano de socios y financiamiento externos. Claramente, cada automovilista que gasta más en los surtidores no decide el destino de ese dinero.

¿Cargos o cargadas?

Esta realidad se enlaza con otra polémica en ciernes, acerca de la legitimidad de los cuestionamientos oficiales a los gobernadores. No sólo porque el gobierno de CFK promueve la inflación, al emitir pesos con la "maquinita" del Banco Central a un ritmo cercano a 40% anual. O porque, además, recauda en forma encubierta el "impuesto inflacionario", ya sea a través del IVA con la suba de cualquier precio o mediante la desactualización de los pisos no imponibles de Ganancias o Bienes Personales. También porque acaba de emplear con las facturas de gas y electricidad el mismo método que cuestiona.

Aunque muchos crean que se trata de ajustes tarifarios, los "cargos" fijos (de 4 a 300 pesos, según servicios y niveles de consumo) aplicados desde este mes por De Vido y Axel Kicillof para financiar inversiones son, en realidad, otro impuesto encubierto que debería ser votado por el Congreso. La prueba es que las empresas prestadoras del servicio actuarán sólo como recaudadoras de ese "cargo", que depositarán en un fondo fiduciario en el Banco Nación, administrado por el Gobierno. Por lo tanto, las compañías no verán incrementados sus ingresos que, después de 10 años de congelamiento tarifario, ya no les permiten cubrir el costo de comprar la electricidad y el gas para distribuir, lo cual las coloca en virtual quiebra. De manera que aunque el Estado obtiene de los consumidores ingresos para inversiones -cuya asignación y prioridades son por ahora una incógnita- sigue gastando en subsidios; que, contradictoriamente, Kicillof considera una vía indirecta de subir salarios. Un argumento que cae por su propio peso si se tiene en cuenta que esa supuesta mejora queda anulada por la suba de otros precios con una inflación de 25% anual que el Gobierno se empeña en desconocer. Y que los subsidios alcanzan a quienes los necesitan y a quienes no -salvo pocas excepciones- aunque ciertamente tardarán años en reducirse debido a su impacto económico y social.

Este esquema agregará una distorsión más si YPF concreta la anunciada decisión política de hacerse cargo del control accionario de Metrogas, la deficitaria distribuidora porteña conducida a la quiebra por el propio Estado, que ahora se encarga de rescatarla. Otro dolor de cabeza para Miguel Galuccio, quien no alcanzó a disfrutar la buena noticia del aumento a 7,5 dólares (por MBTU) en el precio del gas en boca de pozo para YPF y otras compañías, pero sólo sobre los volúmenes adicionales que extraigan con nuevas inversiones. Se trata de una suerte de plan Gas Plus II, también caso por caso, pero con precios más acordes con la necesidad de recuperar la producción. Después de varios años, el Gobierno aceptó con cuentagotas que en el caso del gas natural era indispensable aplicar la declamada política de sustitución de importaciones, por las cuales hoy paga entre cuatro y seis veces más que el precio promedio de la producción local.


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