Disputa por la audiencia con los fondos buitre

WASHINGTON.- La audiencia pública final con los llamados "fondos buitres" por el pago de 1330 millones de dólares aún no empezó pero las partes ya están a los codazos para ver quién habla y quién no en los magros 15 minutos que los jueces otorgaron para dar los argumentos finales.

El baldazo de agua fría que fue la noticia -anticipada por LA NACION el sábado- de los escasos minutos de exposición que habrá en la audiencia del 27 para jugar la carta final generó un revulsivo entre las partes para ver quién saca mejor provecho de ese tiempo.

Desde que se fijó esa pauta, varios actores -entre ellos, la Argentina- vienen pidiendo "argumentos orales" adicionales para esa misma fecha o para otra. Entre quienes pidieron ser escuchados figuran el Banco de Nueva York y los bonistas que sí aceptaron el canje de deuda, agrupados en el llamado Exchange Bondholders Group (EBG).

La curiosidad es que, en ambos casos, sus abogados dijeron que pueden concurrir a la Cámara de Apelaciones cualquier día de sus vidas "menos" el 27 de febrero, que es para cuando está pautada la audiencia pública. Pocos se mostraban ayer inclinados a apostar por el futuro de ese trámite. Pero nunca se sabe.

Entre tanto pedido, la demanda quiso poner cierto límite y pidió a la Cámara que, por lo menos, no conceda argumentos orales a los bonistas europeos -que también quisieron hacerse oír.

"Desde que se produjo el fallo del 26 de octubre, 11 terceras partes intervinieron en favor de la Argentina con 14 escritos que ocupan 392 páginas", dijeron, en presentación conjunta, los demandantes NML Capital y Aurelius.

Queda, ahora, a discreción de la Cámara responder a estos pedidos o mantener las cosas como están. La impresión dominante, anoche, es que no habría cambios.

La audiencia del 27 fue fijada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York como paso previo a decidir qué hace con el fallo del juez Thomas Griesa, que el 26 de octubre pasado ordenó a la Argentina pagar US$ 1330 millones a los llamados holdouts.

El fallo, apelado por la Argentina, está ahora en suspenso. El Gobierno dice que no puede pagarlo porque, de hacerlo, se generaría una catarata de juicios adicionales por más de US$ 43.000 millones, para cuya atención no alcanzarían las reservas del Banco Central.


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