Diputado radical impugnará el "insuficiente" porcentaje de participación de Mendoza en YPF

El diputado Enrique Vaquié presentará el viernes ante la Fiscalía de Estado de Mendoza un pedido para impugnar el porcentaje que le corresponde a la provincia conforme al Acuerdo Federal para la Implementación de la Ley 26.741, por la cual se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación el 51% del patrimonio de YPF.

Según explicó el legislador radical, siguiendo las pautas del Acuerdo Federal, Mendoza en su calidad de integrante de la OFEPHI (Organismo Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) resultó cesionaria del 20,6% de las acciones correspondientes a las provincias.

Sin embargo, conforme a "la información disponible y pública con relación a los requisitos establecidos por el artículo 8 de la Ley 26.741 -producción y reservas comprobadas-, a Mendoza no le corresponde menos del 25,14% de las acciones", indicó.

Vaquié consideró que el actual porcentaje de participación es "incorrecto e insuficiente" y que afecta "gravemente" los intereses económicos de Mendoza.

En ese marco, solicitará a Fiscalía de Estado de la provincia que investigue y accione en consecuencia, cumpliendo con su mandato constitucional.

El fiscal "ha de demandar la nulidad de toda ley, decreto, contrato, o resolución que en cualquier forma perjudiquen los intereses fiscales de Mendoza", como figura en el artículo 177 de la Constitución provincial, expresó.

Mediante un comunicado, el diputado por Mendoza indicó al respecto que "el valor del activo resignado por el gobernador (Francisco) Pérez, tomando la cotización del 23/10/12 en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ($ 80,00 por acción) es, por el momento, de 365.105.600 pesos".

Además, sostuvo, el Acuerdo Federal firmado por los gobernadores no es suficiente para considerar aceptado ese porcentaje por Mendoza como lo exige el artículo 8 de la Ley 26.741 para el dictado del decreto reglamentario del Poder Ejecutivo Nacional.

Vaquié afirmó que "la OFEPHI no tiene las atribuciones necesarias delegadas por los poderes provinciales para que con la sola firma del Gobernador en un Acuerdo Federal se obligue a la provincia a aceptar ese porcentaje allí establecido".

"Según la legislación provincial y nacional, con claridad surge la necesidad de la aprobación por parte de las legislaturas locales de esos porcentajes a determinar. Esto no se ha realizado y, sin embargo, el Acuerdo ya ha comenzado a surtir efectos jurídicos", puntualizó.

Finalmente, añadió que "lo que es peor, no se hicieron públicos la totalidad de los mecanismos que lo definen, se actuó sin respetar los procedimientos requeridos y al margen del ojo público", informó DyN.


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