Crece la polémica: denuncian que empresarios venden a otros países el agua dulce de la Argentina a la "módica suma" de u$s8 la tonelada

La polémica en torno a la potencial explotación económica del agua de ríos y lagunas gana protagonismo en la Argentina.

Como ya detallara iProfesional.com en 2011, durante el último tiempo se han acumulado acusaciones y denuncias sobre la presunta carga ilegal de líquido del río Paraná en buques de bandera extranjera por parte de empresas cerealeras.

Esto más allá de que, a fines de 2009, la provincia de Santa Fe sancionara una ley que prohíbe la exportación de agua dulce, superficial o subterránea dentro de los límites de ese territorio.

Sin embargo, a principios de año, la Universidad Nacional de Rosario solicitó al ministro de Aguas de la provincia, Antonio Ciancio, la intervención en las terminales portuarias por supuesta venta a buques de carga.

Según fuentes de la CGT San Lorenzo, se cobra a razón de 8 dólares la tonelada.

Ahora, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales consideró y aprobó el Proyecto de Comunicación -de autoría de los diputados Silvia De Cesaris y Federico Reutemann- que avanza sobre esta controvertida cuestión.

Concretamente, hace escasas semanas la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe solicitó al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio, informe "qué medidas ha adoptado (...), con respecto a la presentación realizada por el Observatorio de la Universidad de Rosario ante el Poder Ejecutivo, relacionada con la presunta venta a los navíos que operan en los muelles de la zona de la ciudad de San Lorenzo, por parte de empresas agroexportadoras".

En esa dirección, el responsable legal del Observatorio del Agua de la UNR, indicó que "circulan fuertes versiones de venta", hecho considerado delito a partir de la ley 13.036, que prohíbe la comercialización del recurso.

"El agua dulce es un bien estratégico escaso y, por otro lado, evidentemente cumple una función de exportación y nivelación del barco cuando se descarga", dijo.

Por su parte, el dirigente gremial de la CGT San Lorenzo, Edgardo Quiroga, opinó que la venta "no se debería realizar porque es el agua de los santafesinos".

En ese sentido, añadió que "es parte de lo que venimos denunciando desde el 19 de noviembre de 2011".

Al ser consultado para saber cuál es el fin, Quiroga señaló: "Creo que debe ser utilizada para consumo, necesidades del barco y el equilibrio de bodegas de buque por líquidos".

De acuerdo con medios locales, todas las fuentes que se refirieron al tema hacen referencia a una tarifa de ocho dólares más IVA por tonelada.

Ley para controlar el "robo líquido"Respecto de esta nueva polémica, el doctor Aníbal Fascendini, de la Universidad Nacional de Rosario, recordó que "en 2009 se sancionó una ley específica en la provincia de Santa Fe que fue vanguardia en el país. La misma prohíbe la venta a granel de fluído del río Paraná, ya sea para vender como para exportar".

El experto sostuvo que "planteamos una denuncia de investigación al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. Este reclamo lo hemos hecho ante la situación presunta de que se estarían comercializando cerca de 500.000 toneladas anuales a u$s8 dólares más IVA cada una. Es decir, 4 millones de dólares por año".

Además, Fascendini afirmó que "toda esta situación amerita que el organismo, que es la autoridad de aplicación, intervenga, investigue y sancione, si tiene que hacerlo, o que dé certeza a la ciudadanía de que no se está haciendo".

"Nos hemos basado fundamentalmente en los planteos que surgieron a partir de un conflicto con Aguas Exportadoras de Puerto San Martín. Uno de los actores denunció públicamente que se realizaba este tipo de maniobras en el lugar", aseguró.

Por su parte, el senador por el departamento Garay, Ricardo Kaufmann, declaró: "Promovimos la ley que prohibía la exportación de agua dulce, superficial o subterránea desde la provincia de Santa Fe, que estaba siendo ofrecida a granel en Internet por una multinacional".

Kaufmann, autor de la norma promulgada el 9 de diciembre de 2009, recalcó que la ley "fue precursora en establecer el dominio público y la soberanía del agua como principio para preservar el recurso dentro del territorio provincial".

"Quien tiene claramente formuladas las normas que demarcan sus recursos naturales, levanta el primer escudo para oponer a su usurpación", enfatizó.

Negocio en discusiónEl negocio de la comercialización del líquido más preciado, tal como anticipara iProfesional.com en 2011, comenzó a multiplicarse sin control desde hace ya varios años, cuando compañías como Makhena concretaron exportaciones a países del Caribe y Oriente Medio.

Según funcionarios nacionales, precisamente en Oriente Medio pagan hasta u$s2 millones por las 70.000 toneladas de agua de río que puede transportar un buque en sus bodegas.

Pero los alcances de este negocio no sólo se circunscriben a este tipo de situaciones. Muy por el contrario, provincias como Río Negro evalúan comenzar a darle un uso comercial a buena parte de los caudales que hoy culminan en el mar.

De ahí que, en agosto pasado, ingresó precisamente a la legislatura local un proyecto para prohibir la exportación.

El marco fija que sólo por razones humanitarias se podrían autorizar excepciones, pero siempre en un marco de solidaridad y donde el bien común general sea el objetivo y no la rentabilidad del sector privado.

La legisladora Magdalena Odarda, impulsora de la iniciativa, sostiene que el agua debe ser un capital de los pueblos y países donde se encuentra. Y debe ejercerse la soberanía sobre este bien natural para su propio beneficio, cuidándolo y garantizando su provisión.

"Cuando una nación o provincia no es dueña de su recurso, es esclava de potenciales conflictos", argumentó al presentar el proyecto.

Odarda recalcó la necesidad de prohibir la comercialización de agua a granel, potable o no, con o sin tratamiento o proceso de ningún tipo, obtenida de fuentes agotables superficiales o subterráneas, del dominio originario de la provincia que implique directa o indirectamente su exportación.

"Es un bien natural no renovable, indispensable para la vida. De su adecuado abastecimiento dependen las actividades económicas más importantes, la salud de la población, la alimentación y la preservación de los ecosistemas", expresó la parlamentaria del CC ARI.

Misiones, el primer comercializadorPero más allá de intentos de este tipo, lo que alarma a diversos funcionarios nacionales y organizaciones ambientalistas es el hecho de que algunas provincias ya hacen de la venta de agua una fuente de ingresos.

En ese aspecto, el caso de Misiones es el que más despierta controversias en el noreste del país.

"Algunas provincias tienen oro y otras materias primas valiosas. Nosotros no contamos con nada de eso: tenemos agua", comentó hace meses, a iProfesional.com, Jorge Galeano, presidente de Aguas de Misiones Sociedad del Estado (AMSE).

AMSE es una compañía que comenzó a operar el 15 de marzo de 2011 con la misión de "captar, envasar, distribuir y comercializar aguas subterráneas y del Acuífero Guaraní, y de las aguas superficiales y pluviales de dominio público provincial".

La creación y puesta en marcha de AMSE, según pudo constatar iProfesional.com, representó un hecho inédito tanto a nivel local como internacional.

Así, se trata de la primera compañía estatal pensada específicamente para vender las reservas de este recurso de un territorio.

A contramano de lo que sucede en el grueso de los países del mundo e, incluso, en jurisdicciones provinciales, Misiones se transformó así en el primer distrito en explotar sus recursos hídricos. Y en considerarlos como un producto capaz de originarle al Estado un rédito económico millonario. Las características de este negocio fueron detalladas por iProfesional.com en la siguiente nota: Exclusivo: a 20 "euritos" la botella, Misiones sale a vender al mundo agua de lluvia envasada

Mediante la exportación -había adelantó Galeano en forma exclusiva a iProfesional.com- se estima que, en menos de cinco años, la provincia obtendría ganancias del orden de unos 250 millones de euros anuales.

Vereda de enfrenteEn la vereda de enfrente, y como se destacó anteriormente, provincias de la talla de Santa Fe o Entre Ríos, y países como Arabia Saudita, vienen motorizando iniciativas para controlar la disponibilidad y destino de las reservas.

En el caso del estado saudí, el gobierno local anunció en 2008 su decisión de reducir, año a año, el cultivo interno de cereales. ¿El motivo? Preservar las reservas hídricas del país.

En simultáneo a esa medida, el gobierno árabe constituyó un fondo de 5.000 millones de dólares destinado a otorgar préstamos preferenciales a aquellas compañías que se lancen a invertir en países con fuerte potencial agrícola.

La urgencia de Arabia Saudita por preservar sus fuentes de agua potable también es compartida por Estados de su misma región, como Kuwait y Qatar.

En Argentina, Santa Fe fue uno de los primeros territorios en poner en marcha un marco tendiente a proteger la disponibilidad del recurso.

La normativa vigente en esa provincia inhabilita la "exportación directa e indirecta" de agua potable.

Por último, Entre Ríos también evalúa con firmeza instaurar una normativa que prohíba la venta al mundo del fluído, en cualquiera de sus estados físicos.

Este interés parte de distintos testimonios y presentaciones que denuncian la sustracción de agua de los ríos Paraná y Paraguay por parte de buques extranjeros.

 


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