Nuevos countries deberán ceder tierras en la provincia

LA PLATA.- Tras una dura polémica, el Senado sancionó ayer una ley que exige la cesión de tierras a desarrolladores inmobiliarios y propietarios privados para erradicar villas o asentamientos de la provincia de Buenos Aires.

La ley de acceso justo al hábitat dispone para grandes emprendimientos la "contribución obligatoria" del diez por ciento del valor de las tierras. Y deja abierta la posibilidad de exigir hasta 33% de las tierras de countries, clubes de campo, barrios cerrados, cementerios o shoppings que se instalen en este territorio.

Esta obligación alcanza a desarrollos comerciales de superficies superiores a los 5000 metros cuadrados que "cederán como pago a cuenta de la determinación definitiva, sujeto a cómputo de equivalencia y valorización final" el 10% de la superficie total de los predios afectados o su equivalente en dinero o suelo urbanizable.

El texto sancionado ayer precisa que "los municipios establecerán por una ordenanza de carácter general una contribución obligatoria no inferior al diez por ciento de la valorización inmobiliaria [.]. Dicha contribución no podrá ser superior al máximo establecido por la instancia superior de justicia en materia de constitucionalidad para la regulación de usos del suelo por parte del Estado". Esto es, el 33% de su valor, según el límite confiscatorio establecido por ley.

Este punto generó polémica dentro del Frente para la Victoria. Los senadores de la agrupación Juan Domingo, que responden a Daniel Scioli, se retiraron del recinto antes de votar.

El gobernador también se opone a este punto. Ya anticipó que en los próximos días modificará este texto. "El Poder Ejecutivo, al momento de la reglamentación, establecerá que no se verán afectados ni violados ninguno de los derechos adquiridos, ni el derecho a la propiedad", informó la Jefatura de Gabinete provincial. Y remarcó: "La reglamentación de la norma también aclarará que no existe la obligación de la cesión de tierras, sino una contribución económica al municipio siempre que exista una decisión administrativa del Ejecutivo local que revalorice dichas tierras".

Los grandes emprendimientos urbanos no serán los únicos alcanzados por la ley. Todos los propietarios privados que se vean beneficiados por una ordenanza municipal que valorice el inmueble también deberán pagar un tributo que podrá ser cancelado con dinero efectivo o cediendo parte del inmueble alcanzado por la valorización u otros inmuebles ubicados en otro lugar. El valor a ceder lo establecerá cada municipio.

La ley, aprobada con los votos del kirchnerismo y el Frente Amplio Progresista en el Senado, suscitó debate no sólo en el Frente para la Victoria, que votó dividido. Dentro del FPV, la Juan Domingo se retiró antes de votar, y el senador Jorge D' Onofrio, que responde al intendente Sergio Massa, intentó parar el proyecto y enviarlo a una comisión. También la UCR tuvo posturas encontradas. Mientras la mayoría votó en contra del proyecto, un senador acompañó en minoría al oficialismo. Unión Pro Peronista votó en contra y denunció que la ley es "claramente inconstitucional".

El senador Jorge Ancona (FPV) defendió la postura del kirchnerismo: "Parece que se defienden los intereses de los grandes desarrolladores inmobiliarios en lugar de los intereses del pueblo", dijo.

Tras la sesión, Ancona dijo a LA NACION que a los grandes emprendedores "se les pedirá el diez por ciento. Es cierto que se autorizó a pedir hasta el 33 por ciento, pero este límite ya existía. Ahora sólo se fijó un piso".

Mil villas

La ley creó un registro de villas y asentamientos precarios que tendrá por finalidad relevar, estudiar y registrar de modo pormenorizado su ubicación, características y condiciones. Además, autorizó a la relocalización de villas y asentamientos de acuerdo con "las necesidades de ordenamiento urbano, hacinamiento de hogares o factores de riesgo social, hidráulico o ambiental".

En la región metropolitana hay 1000 villas, según informó la diputada Alicia Sánchez, autora de la iniciativa.

Una vez que la ley entre en vigor, los municipios deberán establecer en forma explícita zonas especiales y reservas de tierras en predios vacantes u ocupados con la finalidad de asegurar las condiciones legales para la puesta en marcha de procesos de regulación urbana y dominial.

Pero, además, los municipios podrán declarar el parcelamiento u edificación obligatoria "de los inmuebles urbanos baldíos o con edificación derruida o paralizada". Por edificaciones paralizadas se entienden construcciones que lleven más de cinco años paradas.

Los dueños de baldíos y construcciones abandonadas tendrán que presentar en el plazo de cinco años un proyecto de construcción o quedarán sujetos a expropiación.

Por último, la ley creó un Consejo provincial de Vivienda y Hábitat integrado por legisladores, organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales, representantes de los municipios, de universidades y de la autoridad de aplicación.

La integración de este consejo es ad honorem, pero sus miembros recibirán viáticos para cumplir con su mandato.

El Frente para la Victoria festejó la aprobación de la ley y destacó que, a partir de la sanción, la vivienda única será "inembargable"

una polémica que continúa

  • Afectados
    La ley incluye a los nuevos proyectos en superficies superiores a 5000 metros cuadrados como countries, clubes de campo, barrios cerrados y shoppings

  • Prometen cambios
    El gobierno de Scioli adelantó que modificará el texto en la reglamentación. Aclarará que no hay obligación de ceder tierras, sino que se podrá optar por pagarle al municipio el equivalente a la proporción de los terrenos por cede

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