El control de precios en la Argentina, una historia repetida

El congelamiento de precios impuesto por el Gobierno a las cadenas de supermercados y electrodomésticos, no es algo nuevo. La experiencia argentina de los últimos treinta años muestra varios intentos similares para frenar la inflación y la caída del poder adquisitivo de la población.

Más allá de la contradicción misma entre la no tocar los precios de los productos hasta el primero de abril , conviene hacer un repaso de los intentos llevados a cabo por los distintos gobiernos argentinos aplicando una mécanica similar.

Entre febrero de 1967 y noviembre de 1989 transcurrieron 24 ministros de economía y 274 meses. Según informe de la consultora FIEL, sólo en el 10% de ese tiempo hubo libertad de precios ya que en ese lapso estaban controlados por la autoridad pública. Sin embargo, la inflación fue devastadora en todo el período y en sólo uno, de esos 23 años, fue menor al 10%.

El propio Néstor Kirchner, a mediados del 2005, había implementado controles luego de criticar duramente a los supermercados . Pero, la primera vez que un gobierno argentino realizó congelamientos de precio se remonta a 1973, a la presidencia de Juan Domingo Perón.

El ministro de Economía de entonces, José Ber Gelbard, firmó un acuerdo llamado Acta de Compromiso Nacional entre la CGT y la entonces poderosa Confederación General Económica (CGE), mediante la cual se convenía mantener estables los precios y los salarios durante un plazo de dos años. Sin embargo, a los 10 meses hubo que revisar tal medida porque los empresarios adelantaron sus precios, previendo el triunfo del peronismo, recuerda el historiador Roberto Cortés Conde en su libro "Progreso y declinación de la economía argentina".

El aumento de los precios y las pujas salariales motivaron la salida de Gelbard, reemplazado por Alfredo Gómez Morales, que más tarde dejó su lugar a Celestino Rodrigo. El autor del célebre "Rodrigazo", en 1975, dispuso una devaluación que duplicó el valor del dólar y elevó las tarifas públicas y los combustibles más del 100 por ciento.

El 10 de marzo de 1976, pocos días antes del golpe militar, el último ministro de Economía de Isabel Perón, Emilio Mondelli, anunció el estado de "emergencia económica", que incluyó nuevos precios tope para el pan, fideos, quesos, manteca, leche en polvo y aceite. La medida rigió hasta el comienzo del gobierno militar.

El control de precios volvió el 13 de septiembre de 1982, con Reynaldo Bignone en la presidencia y Jorge Wehbe como ministro de Economía. "Rige un nuevo control de precios", tituló LA NACION al día siguiente. Entre los argumentos se cita la necesidad de "resguardar el salario real", amenazado por una "estructura industrial monopólica", argumentos sorprendentemente parecidos a los que se esgrimen hoy. Esta medida puso bajo control del Gobierno los productos de 675 empresas.

El 13 de diciembre de 1983, el recién asumido Raúl Alfonsín y su ministro de Economía, Bernardo Grinspun, anunciaron un nuevo sistema de regulación de precios. Este plan estableció márgenes máximos en la comercialización de alimentos. En el caso de los mayoristas, el margen no podía exceder el 20%, mientras que en los minoristas, el tope era del 40%. Los aumentos debían ser aprobados por la Secretaría de Comercio, que publicaba las listas con los precios indicados para los productos de la canasta básica familiar.

La situación fiscal era muy complicada, lo que llevó a la inflación "a magnitudes inéditas", refiere Cortés Conde en su libro. "En 1984 los precios habían trepado a más del 600% anual", señala.

En febrero de 1985, Grinspun es reemplazado por Juan Vital Sourrouille, que en junio anunció el Plan Austral, que congeló los precios, los salarios y los servicios públicos. También se publicaban listas con precios máximos de los productos. Nueve meses después de lanzado el plan, el Gobierno decidió abandonar el congelamiento. En julio de 1987 la inflación fue del 12%; en septiembre se anunció el Plan Primavera, que estableció un nuevo acuerdo.

La hiperinflación se desató en julio de 1989; el 8 asumió la presidencia Carlos Menem, y su ministro Néstor Rapanelli anunció el 17 de julio que se congelaban durante 90 días los precios de 300 empresas líderes, y se publicaba una lista orientativa de precios máximos de 30 productos. El año siguiente volvió la zozobra en materia de inflación, hasta que se liberó el control con la llegada de la convertibilidad, en 1991.

Hoy, el problema no es el congelamiento de precios, sino que no es una solución a una emisión monetaria de más del 33% anual del Banco Central que, incluso llegó al 38% el año pasado, la circulación monetaria creciendo a un 35%, y el déficit fiscal que se ubica en torno al 3% del Producto Bruto Interno (PBI)


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