Comienza la dura reconversion bancaria de españa

Buenos Aires, 1 de diciembre (Télam, por Angel Jozami).- Treinta años después de la última gran reestructuración del sistema bancario español, la nación ibérica se ve abocada nuevamente a una reconversión del sector, esta vez apoyada y supervisada por sus socios de la Eurozona.

A finales de la década del 70, 51 entidades financieras españolas sufrieron una crisis de solvencia que llevaron a un aumento de la morosidad y de las tasas de interés que afectaron a todos los bancos y, en menor medida, a las cajas de ahorro.

Esa crisis, que tuvo su origen en una liberalización generalizada del sector y de una falta de control y regulación de las entidades, supuso un rediseño completo del mapa bancario español y condujo más o menos rápidamente a una concentración y centralización del capital financiero.

A diferencia de entonces, la crisis actual derivó de una política de créditos ultra laxa, dictada no por el Banco (Central) de España sino por el Banco Central Europeo (BCE), que tuvo como resultado la creación de una burbuja hipotecaria y de consumo cuyo estallido hundió a toda la economía ibérica.

Ahora y después de cuatro años de negar, primero, y de minimizar, después, la profundidad del desbarajuste financiero del país, el Estado español se vio obligado en junio pasado a solicitar el auxilio de la Union Europea (UE) para intentar rescatar a un sistema técnicamente quebrado.

En 1980-81, años en los que se procesó la reestructuración bancaria anterior, las entidades afectadas manejaban fondos equivalentes a 10.000 millones de euros actuales, empleaban a 36.000 personas y su red de oficinas era de 2.600.

A finales de 2011, las entidades financieras españolas empleaban 223.492 personas, divididas a partes casi iguale entre bancos y cajas de ahorros, distribuidos en 38.000 sucursales , lo que hace saltar a la vista los cambios enormes habidos 30 años después de la anterior quiebra financiera.

Sólo en los últimos dos años, bancos y cajas han cerrado casi 3.000 oficinas y han despedido a 27.000 empleados, más del 10% de sus planteles, mientras se aprestan a entrar en la fase "verdadera" de la reconversión.

El pasado miércoles, la UE dio a conocer los términos en que otorgará la primera fase de la ayuda de hasta 100.000 millones de euros acordada a España el pasado 9 de junio, anuncio que ha impactado fuertemente en Madrid.

La Comisión Europea aprobó inyectar 37.000 millones de euros de fondos europeos de rescate en cuatro entidades que fueron, previamente, intervenidas por el Estado español: Bankia, Nova Caixa Galicia, Catalunya Banc y Banco de Valencia.

La distribución del dinero se hará de la siguiente manera: 18.000 millones serán para Bankia, 5.400 millones para Nova Caixa Galicia, 9.100 millones para Catalunya Banc y 4.500 millones para Banco de Valencia, éste último recién vendido a Caixa Bank (ex La Caixa) por el precio simbólico de un euro.

Que Bankia se lleve casi la mitad de los fondos de rescate aportados en esta oportunidad, se explica porque se trataba de una de las cuatro primeras entidades del país junto con Caixa Bank, Santander y BBVA.

Bankia fue el resultado del primer intento fallido de rescatar a cinco cajas de ahorro menores fusionándolas con la gigantesca Caja Madrid, la cual ya atravesaba también un proceso de quiebra inminente.

En el caso de Bankia, el Estado español ya aportó 4.500 millones de euros en septiembre pasado, a lo cual se suman ahora estos 18.000 millones adicionales de los fondos europeos, elevando a 22.500 millones el costo total del rescate que pagará el fisco español, es decir, los contribuyentes.

A cambio de este primer tramo de créditos, la UE exige a España que cierre miles de oficinas bancarias de estas cuatro entidades (el 40% del total de las existentes); reduzca en un 60% sus negocios y despida 10.000 trabajadores.

Para llevar a cabo estos objetivos, el Gobierno habrá de chocar con los sindicatos que se o ponen a los despidos en masa y también a los pequeños accionistas de esos bancos, quienes adquirieron deuda subordinada y acciones con la promesa de que estaban garantizadas como un depósito a la vista.

Decenas de miles de pequeños inversores, la mayoría de ellos clientes de los bancos y trabajadores o pequeños comerciantes, tendrán que hacerse cargo junto con los contribuyentes de la cargada factura derivada de los ruinosos préstamos realizados por estas entidades a los constructores inmobiliarios.

Se trata, a juicio de todos los analistas locales y extranjeros, de apenas la primera gota de la amarga bebida del ajuste y la reconversión en un sector que acumula deuda y carteras tóxicas de dimensiones no reveladas aún por las autoridades bancarias.

Junto con este primer paso, se establecerá un "banco malo", esto es, una entidad ad hoc que recibirá las deudas dudosas o directamente incobrables de los bancos que serán reestructurados, teóricamente todos los que presenten problemas.

Bruselas ha estimado que unos 45.000 millones de euros serán transferidos como "deudas malas" a esta nueva entidad de la que se hará cargo el Estado.

Un Estado que ha visto crecer su deuda pública desde el 60% hasta más del 90% en los últimos cuatro años, después de haber tenido que acudir al rescate de la banca en quiebra como producto del estallido de la burbuja especulativa-inmobiliaria.

Con el aporte de estos 37.000 millones de euros a mediados de diciembre, El Estado español sumará 4 puntos porcentuales más a la deuda pública del país.

Y todo indica que se trata apenas del aperitivo de una comida que podría ser indigesta a medida que se vaya revelando el real contenido del menú elaborado durante los últimos 15 años por los popes de la banca y la política española. (Télam).- aj-fcy-snc-gel 01/12/2012 11:29


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