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Bolivia se compromete ante España a "agilizar" la solución a las expropiaciones

La embajadora de Bolivia en Madrid, Carmen Almendras, se reunió este miércoles con un representante del Gobierno español ante el que se comprometió, según el ministerio de Asuntos Exteriores, a "agilizar los plazos" para dar solución a las últimas expropiaciones de empresas españolas en su país.

La embajadora de Bolivia en Madrid, Carmen Almendras, se reunió este miércoles con un representante del Gobierno español ante el que se comprometió, según el ministerio de Asuntos Exteriores, a "agilizar los plazos" para dar solución a las últimas expropiaciones de empresas españolas en su país.

El ministerio de Asuntos Exteriores convocó en Madrid a Almendras, a quien el secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia, "le ha expresado el malestar del gobierno de España ante las recientes expropiaciones", informó esa cartera en un comunicado.

En un breve encuentro, "la embajadora de Bolivia ha manifestado comprender la reacción de España y se ha comprometido a agilizar los plazos para hallar una solución", afirmó el ministerio.

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ya había conversado el martes con el ministro de la presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, para trasladarle su protesta por la expropiación de la gestora aeroportuaria SABSA a las empresas españolas Abertis y AENA. Quintana "se comprometió a buscar una solución satisfactoria" y, reconociendo retrasos en la tramitación de los expedientes de nacionalización de las empresas españolas, "transmitió su compromiso de acelerar los procesos en marcha", aseguró el ministerio.

Afirmando esperar una "compensación adecuada", Abertis anunció que reclama 90 millones de dólares tras la nacionalización de SABSA, tercera expropiación que afecta capitales españoles en menos de un año en Bolivia.

En mayo de 2012, el país expropió la Transportadora de Electricidad (TDE), empresa en la que Red Eléctrica de España (REE) tenía casi el 100% de las acciones y en diciembre nacionalizó cuatro empresas vinculadas al sector de la electricidad gestionadas por la firma privada española Iberdrola.

Calificando la expropiación de SABSA de "acto inamistoso", el Gobierno advirtió de que se iba a "replantear el conjunto de las relaciones bilaterales" con La Paz.