Bogota dio primer paso para dejar corte internacional de justicia

Bogotá, 28 de noviembre (Télam).- Colombia denunció hoy el llamado Pacto de Bogotá, por el que aceptaba desde 1948 la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para decidir en cuestiones interpaíses, lo que representa el primer paso para abandonar el Tribunal de La Haya.

El anuncio lo formuló el presidente, Juan Manuel Santos, que reveló que su país hizo entrega formal de la denuncia contra el Pacto de Bogotá como forma de queja por el fallo de la CIJ que entrega a Nicaragua una vasta zona del mar Caribe en la que Colombia ejercía soberanía desde 1803.

"He decidido que los más altos intereses nacionales exigen que las delimitaciones territoriales y marítimas sean fijadas por medio de tratados, como ha sido la tradición jurídica en Colombia, y no por sentencias proferidas por la Comisión Internacional de Justicia", explicó Santos en una reunión con productores de café.

Explicó que por eso hizo llegar la denuncia al secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, quien, en Quito (Ecuador), confirmó que tiene el texto en su poder y que el trámite "está en marcha".

El Pacto de Bogotá que ahora denuncia Colombia fue firmado, paradójicamente, en su capital el 30 de abril de 1948 durante la IX Conferencia Panamericana, considerada como la génesis de la OEA (Organización de Estados Americanos).

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, había anticipado que su país consideraba la posibilidad de retirarse del Pacto para evitar un futuro reclamo de Nicaragua ante la CIJ en busca de jurisdicción sobre territorios marítimos caribeños sobre los que Bogotá tiene soberanía.

Nicaragua demandó a Colombia ante La Haya en 2001, tras desconocer el tratado bilateral Esguerra-Bárcenas, que en 1928 ratificó la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que en 1803 fue dejado por la corona española en manos de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá.

La Corte ratificó la soberanía colombiana sobre las islas en 2007, pero se declaró competente para definir los límites marítimos entre los dos países y ahora, aunque le dio la posesión de los cayos a Bogotá, corrió hacia el oriente el límite y amplió la jurisdicción de Nicaragua en la zona.

Dos de los cayos quedaron enclavados en aguas adjudicadas a Managua, lo que para el gobierno colombiano es una "contradicción".

La medida dejó sin vigencia la frontera del meridiano 82, que Colombia consideraba como el límite con Nicaragua, y extendió la jurisdicción de Managua hasta unas 200 millas náuticas, otorgándole casi 100 mil kilómetros cuadrados de plataforma marítima y zona económica exclusiva, rica en pesca y otros recursos.

El fin de semana pasado, Santos había adelantado que su administración buscaría contactos con Nicaragua para discutir con "prudencia y respeto" la situación tras el fallo de la CIJ, y para eso conformó un equipo de abogados.

Los abogados aconsejaron al gobierno la retirada del Pacto de Bogotá, a partir de la advertencia de la canciller Holguín de que únicamente el desconocimiento de Colombia de la jurisdicción de la CIJ evitaría una nueva demanda del país centroamericano.

"Nunca más nos debe volver a suceder lo que ocurrió con el fallo del 19 de noviembre, proferido por la Corte Internacional de Justicia", subrayó Santos, para quien la decisión condujo de modo "evidente" a "un resultado manifiestamente contrario a la equidad".

"Colombia no pretende separarse de los mecanismos de solución pacífica y controversias; por el contrario, Colombia reitera su compromiso de recurrir siempre ha procedimientos pacíficos", enfatizó el mandatario, consignaron las agencias EFE, DPA y Prensa Latina.

Agregó que la salida del Pacto de Bogotá -que aunque es de 1948 entró en vigencia un año después-, es una decisión que ya tomaron países como Noruega, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

La CIJ declinó pronunciarse sobre la decisión de Colombia, según la agencia EFE, que citó a fuentes del organismo que se limitaron a señalar que se trata de "una cuestión política".

Mientras, el representante legal de Managua ante la Corte, Carlos Argüello, consideró que la retirada de Colombia del Pacto es "una medida precipitada" que no afecta el fallo, porque eso es "cosa juzgada, se acabó". (Télam).- ab-dc-boc 28/11/2012 15:29


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