La nueva batalla: buitres vs. bonistas

En otra muestra de que están dispuestos a jugarse con todo en el pleito contra la Argentina buscando cobrar más de $ 1.400 millones en forma inmediata (y sumas indeterminadas posteriormente aplicando las sentencias eventualmente favorables con respecto a otros bonos en default), los fondos buitre presentaron el 21 de diciembre a última hora un escrito en el que piden al juez Thomas Griesa que obligue a los fondos de inversión con bonos canjeados (que se presentaron a respaldar la posición argentina en el expediente) a dar a conocer cualquier información relevante que pueda estar en posesión de ellos en relación con los posibles planes de la Argentina con respecto al cumplimiento o no de las sentencias del juez o de la Cámara de Apelaciones así como sobre eventuales planes de pago o canjes alternativos por fuera de la jurisdicción de Nueva York. El proceso dentro del cual se enmarca este escrito es denominado «discovery» o de búsqueda de pruebas.

Claramente es un ataque legal muy significativo ya que ahora no es contra el Gobierno, sino contra otros tenedores de bonos, dando lugar formalmente a una batalla judicial entre ambos grupos, más allá por supuesto de la guerra final de los fondos buitre contra la Argentina.

Uno tendería a suponer que estos escritos no deberían prosperar, pero al mismo se basan en argumentos procesales (que uno puede no compartir) que exigen un tratamiento por los tribunales, con posibles apelaciones de los propios demandantes en caso de rechazo, sin que se pueda descartar alguna recepción a éstos dependiendo de cuál sea la postura argentina en el proceso que comienza este viernes y se extenderá aproximadamente tres o cuatro meses, con una fecha clave en el medio, que será el 27 de febrero de 2013, día de la audiencia de todas las partes y sus abogados ante la Cámara de Apelaciones Federal del Segundo Circuito. Pensamos que este pedido es totalmente desmedido y fuera de lugar, pero al igual que en otros casos no podemos hacer pronósticos sobre sus efectos y resolución, particularmente porque tiene una lógica procesal razonada desde el punto de vista de los abogados de los fondos buitre.

La citación (subpoena) de los demandantes NML y Aurelius (denominados fondos buitre, pero que en el grupo también se encuentran personas físicas «no buitres») tiene fecha 10 de diciembre y es extensiva a los fondos Gramercy Funds Management LLC, SW Asset Management, LLC, AllianceBernstein LP, Massachusetts Financial Services Company d/b/a MFS Investment Management, Brevan Howard Management LLP, Knighthead Capital Management, LLC, Perry Capital LLC, Redwood Capital Management, LLC, y Fintech Advisory Inc. (fondos con bonos canjeados) y los intima a presentar documentación e información que pudieran tener en su poder sobre eventuales planes de la Argentina de violar las sentencias judiciales existentes que obligan al Gobierno a no organizar ningún esquema de pago o canje fuera de Nueva York hasta que no haya sentencia definitiva así como cumplir con ellas en caso de que fueran desfavorables al Gobierno. El pedido de «discovery» lo fundamentan en las sentencias del juez Griesa del 23 de febrero y 5 de marzo de 2012, cuando ordenó dichas abstenciones al Gobierno argentino y en las que conservó facultades, según los demandantes, para tomar medidas tendientes a monitorear el cumplimiento de las órdenes judiciales, incluyendo la aprobación de medidas de «discovery» a los fines de determinar si existen o no dicha intención. Alegan en especial que la sentencia del 5 de marzo no ha sido suspendida por la medida de no innovar («Stay») del 28 de noviembre. «Según la prensa, varios de los tenedores de bonos han estado trabajando con la Argentina en el cambio del procedimiento de pago, es razonable el discovery sobre ellos a fin de determinar la veracidad de dichos planes mediante los subpoenas», dice el escrito.

Los subpoenas de los fondos buitre sobre EGB y otros inversores citados piden que los representantes de éstos testifiquen en Nueva York, Boston y California, que son sus domicilios. Además de información sobre negociaciones o gestiones con el Gobierno, el escrito de los demandantes también pide información sumamente reservada como «todos los bonos adquiridos desde el 23 de febrero, así como las pérdidas sufridas en virtud del default de 2001 o de los canjes de 2005 y 2010». Adicionalmente pide información específica a algunos de los miembros del EGB y otros fondos citados, como los honorarios percibidos en los canjes, la identificación de cada uno de los tenedores de bonos representados por el denominado EGB y sus tenencias.»

Los fondos citados se opusieron a dichas citaciones presentando un escrito el día 20 de diciembre (que fue replicado con fecha 21 de diciembre conforme vimos arriba) basándose en la preservación del «Stay», en impedir cualquier interferencia con las apelaciones y denunciando un propósito de acoso a los fondos citados. Alegan que el tribunal directamente no tiene autoridad judicial ya que el caso está apelado y que no hay fundamentos de «discovery» ya que rige el denominado «Stay». También alega que un conocido profesor de una universidad estadounidense presentó un escrito en el cual se argumenta que es imposible incumplir las medidas cautelares vigentes. Además alegan que los plazos para eventualmente cumplir con el «discovery» no son razonables ya que son muy expeditivos.


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