La Argentina logró en Japón un fallo a favor frente a los holdouts

(holdouts) de deuda en default, según lo dispuso un fallo de primera instancia de la justicia nipona, informó la agencia Télam.

La sentencia judicial rechazó las pretensiones de un grupo de bancos intermediarios de los bonos Samurai, que acudieron a la justicia de ese país en nombre de tenedores de bonos que se quedaron con títulos en default.

Los títulos en poder de esos tenedores no superan el 1,4% del total emitido bajo esa legislación, que rondó los 191.000 millones de yenes, precisaron a Télam fuentes oficiales.

El valor de la demanda asciende en total a unos 30 millones de dólares, a valores actuales.

Más allá del monto, las fuentes destacaron que el fallo "tiene un impacto importante, de cara al juicio que se desarrolla en los Estados Unidos contra los fondos buitre".

La noticia fue bien recibida por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que se encuentra con su equipo en plena elaboración de la respuesta a la presentación que efectuarán los fondos buitre pasado mañana en Estados Unidos, en el juicio que tendrá una audiencia clave el próximo 27 de febrero.

La contestación será remitida a la Corte de Apelaciones de Nueva York este viernes, según el cronograma de audiencias que fijó ese tribunal.

El fallo japonés contribuye al argumento de los posibles efectos sistémicos en los mercados y a la competencia de las jurisdicciones.

Si la justicia neoyorquina se pronunciara a favor del fallo del juez Thomas Griesa, podría impactar negativamente en el merado de bonos de Estados Unidos, que no garantiza las reestructuraciones de deuda de los países, mientras que otras naciones -como Japón- sí lo hacen.

"Si Nueva York ofrece espacios para las acciones de presión de fondos buitre perderá competitividad como jurisdicción de emisión de bonos soberanos, y Japón u otras sedes europeas que adopten criterios razonables en situaciones de estrés financiero podrían ganar un mercado millonario", consideraron expertos en el tema.

En el caso de los bonos Samurai, correspondieron a una demanda con la Argentina iniciada en 2009 por el Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Shinsei Bank y Mizuho Corporate Bank en la Corte del Distrito de Tokio, en su carácter de comisionistas de los tenedores de títulos en default de las series 4 (1996), 5 (1999), 6 (2000) y 7 (2000).

La defensa argentina utilizó argumentos de la inmunidad soberana y de la aplicabilidad de la normativa local sobre el diferimiento de pagos. También cuestionó la legitimidad de los bancos como comisionistas.


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