Apura Griesa el pago de la deuda a los acreedores

El juez Thomas Griesa parece estar apurado para tomarse vacaciones, a fin de año, con una definición ya hecha sobre el caso en el que la Cámara de Apelaciones de Nueva York condenó al Gobierno a pagarle a un grupo de "fondos buitre" y a 13 bonistas minoristas argentinos.

Por esta razón, llamó a una audiencia para mañana a las 10 en su oficina del distrito sur de Manhattan, pese a los daños que provocó en esa zona el huracán Sandy la semana pasada.

Fuentes ligadas a uno de los grupos de bonistas beneficiados por el fallo indicaron a LA NACION que en la reunión, confirmada anoche, puede definirse o no la posición final del juez respecto de la fórmula de pago y de la responsabilidad de los bancos que pagan los bonos.

En principio, los abogados de la Argentina, del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, expresarán ante el juez que el fallo de la cámara de hace dos semanas, donde se les dio a los holdouts la razón, está "en suspenso", indicó otra fuente ligada al caso judicial. Esto le permitiría al Gobierno ganar tiempo para definir su estrategia, frente al temor del mercado de que se incurra en un default técnico si no se cumple con la orden del tribunal de segunda instancia. Sin embargo, en un escrito presentado anteayer a Griesa, el abogado de NML-Elliot Roger Cohen indicó que la sentencia ya tiene efecto pleno y que el Gobierno sólo está tratando de dilatarla.

"Desde que el Circuito Segundo tomó su decisión, la presidenta de la Argentina y sus ministros han declarado su intención de no cumplirlo nunca. Cristina Kirchner dijo que la Argentina les pagará a los bonistas que entraron a los canjes pero que no pagaría un dólar a los fondos buitre". Cohen sugirió que "la Argentina está en el proceso de tratar de emplear y explotar todas las tácticas de demora necesarias para evadir a esta Corte".

Por esta razón le pidió que resuelva el pago a los acreedores cuanto antes, con el criterio de pago del 100% que reclaman y no con la misma quita que sufrieron los bonistas que ingresaron en los canjes para salir del default de 2005 y 2010. Abogados de Wall Street y representantes del gobierno norteamericano consideraron que no se puede reconocer esta pretensión porque se boicotearía cualquier proceso de reestructuración de deuda de otros países.

La segunda cuestión que pidió NML es que "adopte una orden" por la que quede claro que, con el fallo de la cámara, la orden de "tratamiento de iguales ahora pesa sobre la Argentina, sus agentes y aquellos que actúen en función" del pago de la deuda regularizada. Al respecto, en el Gobierno confían en que, una vez que Griesa fije su criterio -ya sea mañana o en las próximas semanas- podrán desplegar sus argumentos para apelar el fallo de segunda instancia.

El Ministerio de Economía -que hasta anoche no se daba por notificado de la audiencia- se guardará esta carta hasta no tener en claro la "letra chica" que la cámara dejó para que Griesa la aclare.

Los funcionarios admiten que los bonos soberanos fueron sometidos a un duro castigo de ventas masivas en los primeros días posteriores al fallo de segunda instancia, pero creen que ahora el mercado está en la posición de "esperar y ver".

La mayoría de los informes de los analistas de Wall Street reflejan que a la Argentina le será muy difícil eludir la orden de la cámara, que ordenó el pago de US$ 1333 millones, porque no sólo involucra al Gobierno, sino también al Bank of New York -agente de pago oficial en EE.UU.- y a los abogados de Cleary. "Si alguno de ellos ayuda al Gobierno a tratar de no cumplir con este fallo podría ser tratado como cómplice de un crimen", dijo un abogado con acceso al expediente.

El Gobierno insiste en que la Cámara de Apelaciones falló en "abstracto" sin beneficiar a un grupo en particular, por lo que confía en que Griesa mantenga ese criterio.


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