La AFIP ya puede acceder a datos de contribuyentes argentinos en Uruguay

Después de varios meses de incertidumbre y expectativa, el Congreso uruguayo convirtió anoche en ley el acuerdo tributario que facilitará el acceso de la Argentina a información financiera de miles de sus ciudadanos con cuentas bancarias en el país vecino.

La Cámara de Diputados aprobó la norma por 50 votos a favor y 18 en contra, mientras que el Senado ya le había dado media sanción a inicios de noviembre. "Este acuerdo es estratégico porque nos ubica en el nuevo contexto global, en una relación distinta con Argentina y evidentemente hay una serie de medidas contenidas que dan garantías absolutas de la salvaguarda de nuestra soberanía", dijo el diputado del Frente Amplio, José Carlos Mahía.

No se trata de un acuerdo que le permita a la AFIP preguntar por todos los inversores, sino por casos específicos que tenga debidamente identificados como posibles autores de maniobras ilícitas. A raíz de ello, las autoridades uruguayas anticiparon sus promesas de que los inversores argentinos no quedarán expuestos a "una caza de contribuyentes" y que si bien habrá un compromiso de entregar información patrimonial de los argentinos con negocios en este país, eso dependerá de trámites con fundamentación por sospechas de evasión en su país y cumpliendo formalidades que no son sencillas.

El acuerdo, que convertido en ley el 8 de este mes en nuestro país, fue firmado por el jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y el ministro de Economía uruguayo, Fernando Lorenzo. Tiene un formato similar a aquellos que suscribió la Argentina con islas Caimán, Andorra, Bahamas, Mónaco y San Marino.

Uruguay firmó este tratado con la Argentina luego que la presión del gobierno kirchnerista ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) diera resultado. Primero se había puesto a Uruguay en una lista negra en materia de transparencia de información fiscal, luego se lo había dejado en una gris y finalmente, pese a quedar en renglón "blanco", tenía "deberes" impuestos bastante exigentes. El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria de la OCDE observó a Uruguay por su legislación de sociedades anónimas que no identifica a los accionistas, y porque los acuerdos que había hecho para intercambiar datos impositivos era con países lejanos y no con los "relevantes", o sea, Brasil y la Argentina.


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